Estas últimas se ocuparán exclusivamente de la renegociación con los inversores minoristas en el mercado interno. Del segmento institucional estará a cargo el Ministerio de Economía.
Asimismo, se establece en qué casos las entidades podrían quedar afuera del grupo por incumplimiento del contrato. Este fue uno de los puntos más debatidos entre el gobierno y el FMI, que pedía garantías respecto de la continuidad de las entidades hasta el final de la operación.
El decreto señala, además, que los pagos a las entidades se harán en la Argentina, aunque por otra parte el contrato se regirá de acuerdo con la legislación de Nueva York. Esta fue una condición exigida por los bancos del exterior, que de otra forma se negaban a participar en la operación.
A pedido de la Procuración del Tesoro, se detalló una larga lista de bienes inembargables en caso de incumplimiento en el pago de las comisiones establecidas. «No queremos cometer el error de los '90, que nos costó varios dolores de cabeza en las últimas semanas», explicaban en Economía, en referencia a la serie de inhibiciones que definió la Justicia en los Estados Unidos ante las demandas presentadas por fondos buitre.
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