Por el momento, sólo se han escuchado en torno de este punto algunas quejas de empresarios que utilizan insumos importados en sus fábricas.
Después de nerviosas negociaciones de último momento y satisfechos los pedidos de los gobernadores, la Cámara de Diputados aprobó por 378 votos a favor, 53 en contra y ninguna abstención el proyecto de reforma impositiva, que el gobierno considera clave para que Brasil salga de la recesión en la que se encuentra. Ayer,
Como es una enmienda constitucional, el proyecto debe ser aprobado en segundo turno, tal vez la próxima semana (después de que se traten posibles enmiendas) y nuevamente por una mayoría especial de al menos tres quintos de los miembros de la Cámara de Diputados (308 diputados), antes de que pueda pasar al Senado.
La reforma tributaria estuvo a punto de naufragar el miércoles por la tarde, pero una nerviosa negociación con los gobernadores derivó en un trabajoso acuerdo, que no es seguro que se mantenga inalterado en el Senado.
Los gobernadores, que hicieron sentir su influencia sobre los diputados de sus estados, lograron un aumento de 670 millones de dólares en el fondo que compensará las pérdidas por la eliminación de impuestos a las exportaciones. En total, ese fondo tendrá recursos por 2.700 millones de dólares.
Es que uno de los puntos principales de la reforma es la eliminación del Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (IMCS) -el principal tributo del país, que es recaudado por los estadosen las exportaciones.
Además, los gobernadores de los estados más pobres tendrán acceso a un Fondo de Desarrollo Regional de 1.000 millones de dólares para compensar la pérdida de su facultad actual de bajar alícuotas del IMCS para atraer empresas a sus territorios, que había derivado en una «guerra fiscal».
El gobierno nacional también derivó a los gobernadores y alcaldes 25 por ciento del impuesto a los combustibles. Pero, a cambio de todas estas concesiones, logró mantener en la esfera del gobierno nacional los recursos de la Contribución Provisoria sobre los Movimientos Financieros (CPMF), que eran ambicionados por los gobernadores. Ese tributo, conocido como impuesto al cheque, recauda unos 7.000 millones de dólares anuales y fue prorrogado hasta 2007 con una alícuota de 0,38%, aunque inicialmente Lula pretendía que se lo convirtiera en permanente.
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