Duro rechazo a cambios en impuesto

La Cámara de la Industria del Petróleo, que nuclea a las empresas que producen combustibles, como Repsol YPF, Shell, Esso y Pecom, cuestionó ayer el proyecto de ley que impulsa convertir al impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) en un porcentaje del precio, mientras que hasta ahora es una suma fija.

Según estimó la CIP, con la actual forma de aplicar el ITC, si el precio internacional del crudo sube 20%, el efecto en el precio al público de la nafta super sería de 23 centavos, subiendo de $ 1,84 a $ 2,07. En cambio, con la porcentualización del ITC, la suba sería de 35 centavos, y el precio final pasaría de $ 1,84 a $ 2,18, o sea 11 centavos más.

El presidente de la Cámara, Juan José Aranguren, de la empresa Shell, dijo que la medida «tendrá un impacto negativo sobre las ventas». Los petroleros también criticaron duramente el proyecto de incentivar el uso de GNC mediante una fuerte diferencia impositiva. Aranguren afirmó que con la iniciativa «se continuará desoptimizando el parque refinador instalado en el país, haciendo inviable invertir en el mismo».

Aranguren criticó el mantenimiento de la alta presión impositiva sobre los combustibles en general, y que además, en el proyecto que el gobierno giró al Congreso, «se acentúe la distorsión vigente entre combustibles sustitutos», por ejemplo, entre el gasoil y el GNC. También dijo que seguirán bajando las ventas.

Siendo que este año las naftas están cayendo más de 12%, las del gasoil casi 9% y la de lubricantes 6,5%, comparando con los niveles del año pasado.

La Cámara también manifestó fuertes reservas con respecto al plan para incentivar el uso del GNC que impulsa el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, y que implica una carga impositiva no mayor a 21% de la correspondiente al gasoil durante 15 años.

La primera crítica es que el proyecto se lanza cuando el precio del gas en boca de pozo está congelado desde la devaluación, y se advierte una baja en las inversiones de desarrollo.

Los petroleros señalaron además la conveniencia de establecer un criterio de mayor equilibrio en la carga fiscal sobre todos los combustibles para evitar nuevas y mayores distorsiones en el mercado.

También dijeron que el plan de Fernández estima una pérdida de recaudación fiscal acumulada en 8 años de $ 6.054 millones, que se presupone, se financiará parcialmente en $ 3.895 millones por retenciones a la exportación de gasoil excedente, «lo cual es inexacto -dijo la CIP- ya que es inviable procesar petróleo para exportar todos sus derivados, dada la ubicación geográfica de la Argentina».