Echan a funcionario de Economía sospechado de pedir coimas

El Gobierno desplazó ayer de su cargo al subsecretario de Defensa del Consumidor, José Luis López, luego de que se presentara una nueva denuncia por presunto cohecho contra funcionarios de esa dependencia, en otro escándalo que afecta al Palacio de Hacienda.

La Dirección de Prensa del Ministerio de Economía confirmó el desplazamiento de López, tras conocerse la intervención en la causa del juzgado de instrucción número 48, a cargo de Alicia Mercedes Iermini.

En Economía se explicó que la decisión sobre la renuncia de López fue tomada por el ministro Miguel Peirano, junto con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

El titular de Comercio Interior se hizo cargo de la subsecretaría que comandaba López, hasta que Economía designe a un nuevo funcionario en el área.

Según la explicación oficial, la decisión de pedirle la renuncia a López se tomó al "conocerse una denuncia sobre presunto cohecho sobre tres inspectores que formaban parte de una planta transitoria que dependía del funcionario desplazado".

Según confirmó Economía, se trata de los inspectores Gladis Iriarte, Darío Rolón y Marcelino Gómez, "quienes están detenidos a disposición de la justicia".

Formaban parte de un equipo de 28 inspectores que habían sido designados durante la gestión de la ex ministra Felisa Miceli y que se desempeñaban bajo las órdenes de López "directamente".

Este grupo había desplazado de las funciones de contralor de precios de los comercios al grupo de funcionarios de carrera de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

El Palacio de Hacienda informó que "se ordenó el desarmado de este grupo y las funciones de contralor de precios retornarán a ser realizadas por el cuerpo de inspectores de la Secretaría de Comercio Interior".

En el Palacio de Hacienda se indicó que los inspectores denunciados habían ingresado, como planta transitoria y no en forma efectiva.

La justicia decidió el allanamiento de las oficinas del cuarto piso de Diagonal Sur 651, donde funciona la subsecretaría, que quedaron lacradas junto con el material que había en el lugar como papeles, computadoras, teléfonos y agendas.

El caso se originó en la denuncia de un comerciante panadero, con un cliente como testigo, contra uno de los inspectores que habría pedido una coima para no aplicar una multa por errónea exhibición de precios.

El titular del comercio, ante el intento de cohecho, salió a la calle gritando que lo querían coimear, provocando la intervención de efectivos de la comisaría décima, que procedieron a llevarse a los inspectores a la dependencia policial.

Los inspectores involucrados, pertenecientes al grupo designado por el propio López, con una partida presupuestaria que se designó especialmente para tal fin, cobraba cada uno un salario promedio de 2.000 pesos mensuales, más las cargas sociales.

Según trascendió, este grupo de inspectores funcionaba como un equipo paralelo, al que hace más de 20 años se encarga de registrar mensualmente los precios en los comercios, cuyo jefe también es un "histórico" de la Secretaría de Comercio, con más de 23 años en el cargo, dependiente de Moreno.

El accionar del grupo era tan precario que sólo tenían una credencial firmada por López como documento válido para realizar las inspecciones.