Quito (Reuters) - Ecuador reiteró ayer que no apuesta por un modelo económico estatizante, pero no descarta medidas en ese sentido para beneficiar a su población, en medio de la preocupación de los sectores conservadores por el accionar del presidente nacionalista Rafael Correa.
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Las poderosas cámaras empresariales y partidos de derecha han acusado a Correa, un economista de 43 años que asumió el 15 de enero, de querer emular el sistema socialista impuesto por el venezolano Hugo Chávez e instaurar un esquema estatizante en desmedro de la iniciativa privada.
El ala conservadora ecuatoriana teme que propuestas como la nacionalización de sectores económicos estratégicos o la expropiación de tierras privadas puedan encontrar eco en la Asamblea Constituyente que impulsa el mandatario, pero que aún no encuentra una vía legal para su integración.
Opciones
En un intento por acallar las críticas, el ministro del Interior, Gustavo Larrea, aseguró a corresponsales extranjeros que «queremos un estado regulador de la economía, pero no estamos propugnando una estatización de la economía».
Sin embargo, agregó que «nosotros utilizaremos cualquier opción que beneficie al pueblo», al consultársele si Correa comulgaba con la ola de nacionalizaciones e intervencionismo estatal en las áreas de petróleo, energía y telecomunicaciones que impulsan Chávez y el presidente boliviano Evo Morales. Las declaraciones de Larrea se producen en momentos en que Correa ha advertido a las petroleras y operadoras de telefonía móvil foráneas que no dudará en expulsarlas del país si encuentra violaciones contractuales o no mejoran sus servicios o reducen sus tarifas a los usuarios finales.
La amenaza toca las puertas de una docena de petroleras extranjeras, incluida la española Repsol YPF, así como a las telefónicas Movistar, filial del grupo español Telefónica, y Porta, de la mexicana América Móvil, cuyos contratos de concesión terminan en 2008.
Ecuador cuenta con un fuerte aparato estatal, tanto en la prestación de servicios y la fijación de tarifas, por lo que mantiene el monopolio del sistema previsional, la importación de combustibles, la generación y distribución de energía eléctrica y la telefonía fija.
No obstante, Larrea insistióque la comunidad empresarial debería tener confianza en que la política de Correa será impulsar la producción local y buscar mercados para aumentar las exportaciones, pero aclaró que el gobierno no iba a renunciar a que el Estado sea «un facilitador para que la economía crezca».
En el camino por instaurar un socialismo del siglo XXI, el funcionario aseguró que la meta era cambiar el modelo económico «rentista» basado en la explotación del petróleo por uno «productivo», aunque fue esquivo respecto a los mecanismos a los que se apelará para este proceso.
El funcionario defendió la existencia de grandes empresas estatales a cargo de la explotación de los recursos naturales como en Brasil y Chile, pero advirtió que cualquier opción que finalmente se adopte en el manejo de la economía será producto de una «receta a la ecuatoriana».
Los temores frente a los cambios que impulsará Correa -quien se ha declarado un enemigo del neoliberalismo y criticado la inversión extranjera-en sus cuatro años de gestión fueron calificados por Larrea como « fantasmas» que hay que ignorar.
En lo referente a la renegociación de la deuda externa del país, otra promesa de campaña de Correa, el jefe de su equipo político señaló que este proceso no ha sido descartado y que el servicio de estos compromisos debería estar atado a un estudio de la situación real de la economía.
Larrea, un defensor de derechos humanos, se abstuvo de confirmar si apoyaba una moratoria en el pago de los compromisos externos para presionar por un cambio en las condiciones de pago. Pero, dijo que había que « discutir» con los acreedores las diversas opciones.
La deuda externa de Ecuador alcanzó u$s 10.216 millones en diciembre.
