El presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, recomendó hoy al Congreso que mantenga la cautela en los estímulos fiscales para evitar que las medidas a corto plazo tengan a la larga efectos perniciosos.
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Greenspan se volvió a reunir hoy con los senadores del Comité de Finanzas, al igual que hiciera la semana pasada, pero en esta ocasión fue a puerta cerrada, para explicar con más detalle su opinión acerca de las medidas de estímulo que pretende aprobar el Congreso.
A la misma reunión asistieron también el ex secretario del Tesoro Robert Rubin y el asesor económico de la Casa Blanca, Lawrence Lindsey, en una jornada en que el grupo empresarial Conference Board indicó que se ha producido una fuerte caída en su índice de confianza de los consumidores.
Greenspan considera que el Congreso debe pensarlo dos veces antes, por ejemplo, de decidir una reducción adicional de impuestos, tal como proponen algunos políticos republicanos.
En lo que va del año, la Reserva Federal ha reducido ocho veces las tasas de interés y la administración Bush devolvió unos 39.000 millones de dólares de las contribuciones impositivas del año pasado, como medidas para reavivar una economía que, tras una década de crecimiento sostenido, se mantiene aletargada desde mediados del 2000.
El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal volverá a reunirse el próximo día 2 para debatir la política monetaria y una mayoría de analistas considera que es posible que se decida una nueva reducción de los tipos de interés, que sería la novena del año.
El gasto de los consumidores representa dos tercios del Producto Interior Bruto, y la percepción que los consumidores tengan sobre el futuro económico a corto y medio plazo afecta sustancialmente el desempeño de la economía.
El gobierno de Bush tiene planes que pueden aumentar los estímulos fiscales mediante alivios tributarios a los individuos o las empresas, la aceleración de los recortes de impuestos ya aprobados y algunos gastos adicionales.
Por lo demás, Bush ya ha promulgado una ley que autoriza el gasto de 40.000 millones de dólares en la reconstrucción de edificios, el aumento de la seguridad, las investigaciones antiterroristas y otras actividades relacionadas con los ataques del 11 de septiembre.
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