El 9 de julio pasado, mientras el gobierno de Cristina de Kirchner se sumía en abúlicos festejos patrios, en el Senado de Estados Unidos se presentaba una ley que prohíbe el ingreso de carne vacuna o porcina, fresca o congelada, procedente de la Argentina. Motivo: el peligro de contagio de fiebre aftosa.
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La prohibición no es una novedad, ya que el « trackrecord» comercial trazado por el país del Norte es pródigo en barreras y restricciones para productos argentinos y más cuando se trata de carne de exportación. Lo curioso -y sobre todo peligroso- de la ley Johnson-Enzi (presentada por los senadores republicanos Tim Johnson, de Dakota del Sur; y Michael Enzi, de Wyoming) es que viene acompañada de una carga política importante.
La ley de Prevención de Aftosa 2008 la impulsa la poderosa Asociación de Ganaderos de Estados Unidos (USCA, US Cattlemen's Association), que a su vez es miembro de la ATFA ( American Task Force Argentina), el organismo que nuclea a los acreedores que quedaron fuera de la reestructuración de deuda argentina en 2005 y reclaman el pago de sus bonos. Es decir, a esta ley anticarne argentina la promueven y apoyan los « holdouts».
No es de extrañar, por otra parte, que la American Task Force esté detrás de esta ley, ya que la organización de acreedores tiene un marcado tinte agropecuario: en ella conviven desde los fondos de pensión de las maestras rurales, hasta asociacionesde granjeros y chacareros de estados como Nebraska, Colorado, Montana, Kansas y Nuevo México. De allí que al proyecto de ley lo hayan presentado diez senadores de esos estados.
La ley también tiene su contraparte en la Cámara de Representantes. Allí fue introducida el 17 de julio por la representante de Dakota del Sur, la demócrata Stephanie Herseth Sandlin; y por la republicana Barbara Cubin, de Wyoming, con la firma de cuatro diputados más.
Congelamiento
El proyecto anticarne argentina llega a Capitol Hill con un timing perfecto.
Desde el lado de los intereses sectoriales, el lobby ganadero estadounidense en el Senado había logrado congelar en mayo la resolución por la cual el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) « regionalizaría» a la Argentina para la importación de carnes. Mediante esta resolución, la Patagonia argentina (sin brotes de aftosa desde 1976) tendría vía libre para introducir carne vacuna, ovina o porcina enfriada, congelada o procesada al mercado norteamericano. Una vez adentro con carnes patagónicas, el siguiente paso sería la suma progresiva de otras regiones argentinas libres de aftosa.
En la Cámara alta norteamericana, los argumentos esgrimidos por las comisiones de Comercio Internacional y de Agricultura para impedir la resolución fueron la escasa confiabilidad de la Argentina en materia sanitaria (se recuerda el episodio del brote de aftosa en 2001, negado por el ministro de Agricultura radical Antonio Berhongaray) y en el cumplimiento de envíos (debido a la errática política del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en cuanto a cupos de exportación). Pero también la Ley anticarne argentina es oportuna para los tiempos electorales de Estados Unidos. La promueven legisladores de estados que pueden definir la votación presidencial del próximo 8 de noviembre: Nueva México, Dakota del Sur y Colorado.
Si bien la Argentina tuvo en 2007 7% de la exportación mundial de carne ( Estados Unidos 8,6% y Brasil, 31,9%), el país del Norte sólo permite el ingreso de carne procesada (cocinada) de origen argentino. Apenas 5.351 toneladas en la primera mitad de 2008, y por un valor de u$s 4.560 por tonelada. Bien lejanos de los u$s 14.870 por tonelada de carne enfriada sin hueso que se le vende a Alemania. Un tipo de producto que, por ahora, pareciera nos tenemos que olvidar de llevar a Estados Unidos.
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