Conocido es ya el enfrentamiento del gobierno con los supermercados por el despegue de los precios. Hasta ahora, fue sólo verbal -Néstor Kirchner los calificó de desestabilizadores-, pero pasará a medidas concretas. Trascendió que el gobierno pondrá más control en «publicidad engañosa» que realizan, al tiempo que aplicará sanciones más duras por incumplimientos. Ya hay una resolución a punto de ser aprobada en el Ministerio de Economía. Pero, más allá de este caso puntual y de lo justo o no de los embates oficiales, no hay medidas en estudio para terminar con la alta inflación. Lo esperable sería que el gobierno dejara de lado tras las elecciones el constante aumento del gasto público. También la continua emisión de pesos para mantener el dólar alto. La alta inflación, a diferencia del desempleo o la pobreza, tiene rápida solución. Podría el gobierno inclusive en 2006 mantener una suba de precios de 7% máximo, como tiene Brasil, por ejemplo, con medidas serias. Hasta ahora no hay señales de que ello suceda.
La intención de la medida busca obtener datos para avanzar en mayores controles indirectos sobre los supermercados. El mecanismo sería el siguiente: cuando una cadena informe un precio de una oferta junto con el anterior, el dato se cotejará con el listado que la mencionada subsecretaría tiene a partir de sus controles habituales, además de la información que el INDEC elabora mensualmente para medir el comportamiento de los precios. Cuando el costo de un producto informado no coincida con el de los listados, se sancionará al supermercado por realizar publicidad engañosa.
Aseguran en dependencias oficiales que este tipo de mecanismo está chequeado como eficaz por parte del Ejecutivo. Mencionan como experiencia cercana
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