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Una parte de esos sobornos "se revertía a partidos políticos", dijo el comisario Mauricio Moscardi Grillo, que identificó entre los beneficiarios al PMDB del presidente conservador Michel Temer y a su aliado PP, dos formaciones igualmente embarradas por el caso Petrobras.
La operación del viernes incluyó 27 órdenes de prisión preventiva y requirió la movilización de 1.100 agentes en siete estados.
La justicia determinó además el bloqueo de 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) de las empresas investigadas, entre las cuales figuran las líderes del sector, JBS (dueña de las marcas Big Frango y Seara Alimentos) y BRF (Sadia y Perdigao).
En la lista de investigados figuran el director y el gerente de Relaciones Institucionales de BRF y un funcionario de JBS.
JBS indicó que tres de sus unidades productivas fueron allanadas, pero destaca que "no hubo ninguna medida judicial contra sus ejecutivos" y que su sede en Sao Paulo no fue allanada.
Asegura además que el funcionario incriminado es "un veterinario, funcionario de la compañía", pero que había sido "cedido al ministerio de Agricultura", de acuerdo con la legislación.
BRF afirmó que "está colaborando con las autoridades" y que sus productos "no presentan ningún riesgo para los consumidores, en Brasil ni en los más de 150 países en los que está presente".
El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, ordenó "el apartamiento inmediato de todos [los funcionarios] envueltos" en las acusaciones.
Brasil es el primer exportador mundial de carne bovina y de pollo.




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