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La crisis argentina puede caracterizarse como una de deuda externa, dado que el origen está en un problema de incumplimiento de la deuda pública. Ello determinó una corrida bancaria alentada por incertidumbre política que derivó, a través de una enorme emisión monetaria para proveer liquidez al sistema financiero, en una crisis cambiaria sin precedentes.
En la estimación de los costos de una crisis financieras se distingue entre los fiscales y los cuasi fiscales, por un lado, y el costo en términos del producto perdido como consecuencia de la crisis.
Los costos fiscales suelen estimarse teniendo en cuenta el aumento de los impuestos que deberán realizarse en el futuro por el restablecimiento de la salud del sistema financiero. Estos no representan costos económicos, sino una mera transferencias entre el Estado y un grupo particular de la población (ahorristas, deudores y accionistas de entidades financieras).
Existen otras transferencias entre sectores, más difíciles de desentrañar, denominados costos cuasi fiscales. No están visibles en emisiones de deuda o en el presupuesto. Los seguros de cambio, la imposición de topes a las tasas de interés, los márgenes de intermediación financiera más altos debido a la alta morosidad, desvalorizaciones de pasivos bancarios que tienen como contrapartida reducciones de activos bancarios, etc., son algunos de los ejemplos.
Los costos sobre el producto hacen referencia al impacto negativo sobre el PIB derivado de la contracción crediticia y, en casos extremos, de la ruptura del sistema nacional de pagos. Las crisis financieras cuando adquieren relevancia en relación con el tamaño de la economía van acompañadas de otras disrupciones, por ejemplo, en el flujo de capitales externos y entrañan de esta forma crisis cambiarias. Esto hace que la caída en el producto y el empleo no puedan atribuirse exclusivamente a problemas en el sistema financiero per se, sino que deba considerarse como consecuencia de un conjunto adicional de factores.
Siguiendo la información oficial y suponiendo que se efectivicen las compensaciones por las medidas asimétricas instrumentadas a principios de 2002, los costos fiscales se dividen de dos partes:
a) compensación a los bancos derivados de la pesificación de los activos y pasivos del sistema (u$s 9.312 millones) y por el pago de amparos y las pérdidas por las excepciones del ajuste por inflación (CER) (u$s 3.000 millones). Entre ambos suman u$s 12.312 millones, y; b) la compensación a los depositantes, a través de los canjes de depósitos por bonos (u$s 2.973 millones) y el pago del diferencial del tipo de cambio al retirar sus depósitos (u$s 1.350 millones). Entre ambos suman u$s 4.323 millones.
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