El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En el contexto de una economía altamente dolarizada, una devaluación puede cobrar numerosas víctimas, muchas de ellas dentro del sistema financiero. Los tenedores de depósitos en dólares, que ya se han visto afectados por las restricciones a los retiros en efectivo impuestas a comienzos de Diciembre, abarcan el 72% del total de depósitos. En lo que respecta al activo de los bancos, los deudores en dólares ascienden al 65% del total de los préstamos al sector privado, mientras que el financiamiento al sector público, que equivale al 25% del total de activos del sistema financiero y el doble de su patrimonio, también se halla en su mayor parte denominado en dólares (más allá de las consideraciones que podrían realizarse acerca de la probabilidad de que el gobierno honre los términos del reciente canje forzoso de deuda). Asimismo, la credibilidad del sistema financiero ya se había puesto en duda como resultado de las limitaciones a los retiros de efectivo que atraparon $66,8 mil millones en bancos argentinos (a pesar de lo cual los depósitos disminuyeron $2,2 mil millones (3,3%) durante el último Diciembre) obstaculizando seriamente cualquier posibilidad de que los bancos generen la confianza necesaria para atraer nuevos ahorros y se conviertan en intermediarios de fondos en un futuro cercano.
En este contexto, uno de los desafíos más difíciles para el gobierno está dado por la búsqueda de una distribución eficiente y viable- de los considerables costos de una devaluación. Acreedores, depositantes, deudores, accionistas de los bancos, el gobierno y cualquier otro agente económico deberán asumir o compartir los costos. En el altamente sensible ambiente actual, el gobierno no cuenta con muchos grados de libertad para concertar una solución poco dolorosa. Las primeras pautas de este intento fueron plasmadas en la ley de emergencia económica sancionada durante el fin de semana pasado.
Dejá tu comentario