El G-7 no cede y pide mejor propuesta para acreedores

«No podemos aceptar seguir apareciendo como chantajeados por la Argentina.» Esta postura se escuchó de boca de los principales miembros del directorio del FMI en la reunión de ayer y hacía alusión a un duro editorial que «The Wall Street Journal» publicó la semana pasada criticando al organismo. La resistencia a aprobarle a la Argentina la propuesta para salir del default fue encabezada por Tom Scholar, director por Gran Bretaña, y el italiano Pier Carlo Padoan, pero en general-acompañado por casi todoslos países que integran el G-7.

Los encantos de mujer no le sirvieron demasiado a Nancy Jacklin, representante de los Estados Unidos, por torcer la posición. «El gobierno argentino asegura que existen intenciones de avanzar en la renegociación con los acreedores privados», sentenció. La número uno del Fondo, Anne Krueger, optó esta vez por una posición neutra y prefirió escuchar las distintas posturas, aunque dejó claro que comparte las exigencias para que la renegociación de la deuda se destrabe este año.

Fue el resultado de la gestión comprometida por John Taylor, el número dos del Tesoro estadounidense, ante el ministro de Economía, Roberto Lavagna, tras una conversación mantenida el fin de semana.

• Tensión

El encuentro -en el que también se trataron formalmente programas de ayuda para Pakistán y Uganda-resultó tenso y no faltaron acusaciones cruzadas por la supuesta flexibilidad que utilizó el Fondo en otras ocasiones para aprobarle las metas a la Argentina. El resultado fue una contrapropuesta correspondiente a la segunda revisión de metas, que llegó a manos de Lavagna a media tarde, en la cual se insiste con una serie de importantes exigencias para que avance la negociación con los bonistas.

Quedó claro que la postura del G-7 es mucho más homogénea que la registrada en la primera reunión del acuerdo, en la cual votó en contra 35% del directorio del organismo ( incluyendo a Gran Bretaña, Italia y Japón). Esta vez las exigencias respecto de los pasos que debe dar la Argentina fueron unificadas, siguiendo la línea de lo aprobado en la cumbre de Boca Raton hace poco más de un mes.

La tarea del representante argentino en el FMI, Héctor Torres, fue convencer a los distintos miembros del directorio que no se trata de «un chantaje», sino que la posición firme del país pasa por «ser realista y prometer lo que verdaderamente se puede cumplir», según aseguró siguiendo al pie de la letra lo que pidieron desde el Palacio de Hacienda.

Un aspecto central de esta presentación es el pedido para que el gobierno postergue hasta por lo menos mediados de año la oferta final a los acreedores. El propio Lavagna había asegurado que esto sucedería en abril. Sin embargo, la posición del G-7 es que primero es necesario fijar el nuevo nivel de superávit fiscal para 2005 y 2006 para saber con certeza cuánto hay disponible para los acreedores en la reestructuración.

Obviamente, la presión estará por conseguir una mayor pauta de ahorro, con el objetivo de contar con una mayor cantidad de recursos para asegurar el pago.

También se exigió un calendario concreto por parte del gobierno para sentarse a negociar los acreedores. Este punto es menos conflictivo, ya que el equipo económico resolvió aceptar al comité global como interlocutor, aunque no fue reconocido como único negociador por parte de los acreedores.