Después de YPF, Aerolíneas Argentinas, Transener y algunas otras empresas « renacionalizadas», ahora el gobierno parece tener en la mira a las concesionarias de los accesos a la Capital Federal. Se trata de cuatro empresas, de las cuales tres son españolas y una de ellas es 100% nacional.
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La táctica para propiciar el ingreso de un socio «amigo» es similar a la aplicada a Aerolíneas: congelar las tarifas hasta el punto del ahorcamiento y obligar a los extranjeros a vender parte de la compañía.
La lista de los candidatos a reemplazar (o «complementar») a los extranjeros es la de siempre en estos casos: Caminos de América (grupo Eurnekian), Grupo Petersen (Esquenazi), la cordobesa Electroingeniería (Acosta/Ferreira) y hasta Esuco, la constructora de Carlos Enrique Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Del lado de los concesionarios actuales, aseguran que para poder sobrevivir tendrán que recibir del gobierno el permiso para incrementar sus peajes en porcentajes similares a los que, por caso, ya se les concedieron a los operadores del túnel subfluvial Hernandarias, que pasó de valer $ 2 a $ 3,50 hace algunos días.
Incremento
El otro argumento es el anunciado incremento que piensa aplicar Mauricio Macri en AUSA (Autopistas Urbanas), que opera las vías rápidas 25 de Mayo y Perito Moreno: allí el aumento será de 50% en las horas «valle» y de 100% en las horas «pico». La suba sería aún mayor en la autopista Illia, que hoy cuesta magros $ 0,50; la idea del Gobierno porteño es llevarla a $ 1 y $ 2 según sea el horario en que se la utilice.
En 2006, el gobierno firmó decretos (uno por concesionaria) reconociendo las variaciones de costos que afectan a los operadores de los accesos a la capital, en forma retroactiva a diciembre de 2004. Eso implicaría una suba de 50% en los peajes; sin embargo -y tal como sucedió con las tarifas aéreas-, esas normas no se aplicaron nunca y el gobierno ni siquiera está renegociando los peajes con los concesionarios.
Lo llamativo es que en conjunto los cuatro accesos pagan unos $ 150 millones anuales de impuestos, un monto que crecería en forma proporcional al aumento que se les conceda a los operadores.
Veamos los cuatro accesos caso por caso:
La autopista Buenos Aires-La Plata, cuyo concesionario es Coviares, tiene como accionistas al grupo CCI (con 68%) y a Roggio (32%). Este acceso tiene hoy las mismas tarifas que en 1995, y están tratando que al menos alguien se siente a renegociar el contrato para, como mínimo, obtener el prometido 15% que habían pactado cuando el titular del OCCOVI (Organo de Control de Concesiones Viales) era el cuestionado Claudio Uberti, imputado en el escándalo de la valija venezolana.
Otra que está más que complicada es Autopistas del Sol (AUSOL), concesionaria del Acceso Norte, y cuya accionista principal es la española Abertis asociada con la italiana Impregilo. En este caso, además de tener congeladas las tarifas, tienen una abultada deuda en dólares que renegociaron hace dos años con sus acreedores; una de las previsiones de esta renegociación era la actualización del cuadro tarifario, algo que nunca sucedió.
El Grupo Concesionario del Oeste -Acceso Oeste-también es propiedad de la española Abertis, en sociedad con un grupo malayo que participó de la sociedad original (estaban Roggio, un grupo mexicano y la brasileña Odebrecht) y nunca vendió su participación. El gobierno podría ir por las acciones de los malayos, dado que los españoles (tanto en GCO como en AUSOL) parecen decididos a resistir.
AECSA (Autopista Ezeiza-Cañuelas) es de la española OHL y del Banco Galicia, que tiene 19% de las acciones. No tienen grandes deudas, pero los afecta el mismo problema que a las otras tres: la falta de actualización de las tarifas.
Desde estas empresas aseguran que, al menos hasta ahora, no han tenido «acercamientos» desde las cercanías del gobierno para ofrecerles comprar parte de sus sociedades; de hecho, voceros de CCI negaron de plano una versión publicada el fin de semana pasado, que aseguraba la inminencia de la venta de la empresa. Pero es un hecho que desde las más altas esferas oficiales ya se ha sondeado a los candidatos naturales para reemplazar a los accionistas extranjeros.
Uno de éstos dijo a este diario que «así no se puede seguir; vamos todos a la quiebra: los costos operativos de los vehículos crecieron 160% desde 2001, y las tarifas, en el mejor de los casos, apenas 15%. Y hoy el sueldo de un cobrador de peaje ronda los $ 3.000, pero el gremio nos está exigiendo un aumento de 33%, con lo que se irían a $ 4.000...».
El sindicato de los « peajeros» es un reciente invento de «Facundito» Moyano, el hijo menor de Hugo Moyano; el gremio sería -igual que los pilotos de Aerolíneas-la punta de lanza de la ofensiva oficial para estos cambios de dueños.
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