La decisión fue oficializada por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía mediante una adecuación del Presupuesto 2026. También se reforzaron partidas para la ANSES y el Consejo de la Magistratura, mientras se redujeron fondos en programas de energía, deporte, salud y asistencia social.
El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 y dispuso una ampliación de $500.000 millones para afrontar el pago de juicios previsionales y acuerdos transaccionales vinculados con jubilaciones. La medida fue formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
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Con esta actualización, el límite previsto para cancelar sentencias previsionales pasó de $212.288 millones a $712.288 millones. Según explicó el Ejecutivo, el incremento apunta a cubrir retroactivos derivados de reajustes en prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuya liquidación está a cargo de la ANSES.
La adecuación presupuestaria también contempló un refuerzo de fondos para financiar el plan de retiros voluntarios dentro de la ANSES. Para ese esquema se incorporaron transferencias del Tesoro Nacional por $162.000 millones destinados a gastos de personal.
Al mismo tiempo, la decisión administrativa incluyó una amplia redistribución de partidas entre organismos del Estado. Entre los principales movimientos figura un incremento superior a $115.194 millones para el programa de actividades centrales del Poder Judicial de la Nación y otros $22.000 millones para la Corte Suprema, destinados a equipamiento y bienes de uso dentro del programa “Justicia de Máxima Instancia”.
En paralelo, el Gobierno avanzó con nuevos recortes en distintas áreas de la administración pública, en línea con la política de ajuste fiscal impulsada por la gestión de Javier Milei. Las reducciones más importantes alcanzaron partidas vinculadas a subsidios económicos, infraestructura deportiva, programas energéticos, integración socio-urbana, salud y asistencia social.
El mayor ajuste se aplicó sobre “Otras asistencias financieras - servicios económicos”, bajo la órbita de Obligaciones del Tesoro, con una baja de $1,47 billones. También se recortaron fondos destinados al programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía, obras de infraestructura deportiva, programas sociales y políticas sanitarias vinculadas a la prevención y tratamiento del cáncer.
De acuerdo con los anexos oficiales, la poda total sobre la Administración Central alcanzó cerca de $2,5 billones, equivalente al 1,6% del presupuesto vigente. El Ejecutivo sostiene que, junto con mayores ingresos previstos, la medida permitirá fortalecer la meta de superávit fiscal comprometida con el FMI.
La normativa además formalizó movimientos internos de personal en distintos organismos nacionales. Entre ellos, el traspaso de ocho agentes desde la Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, así como redistribuciones dentro del Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo y el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).