Estados Unidos se encuentra empeñado en aumentar su presión política a los países emergentes para profundizar su lucha de erradicación de la producción de drogas y de las derivaciones comerciales que genera su tráfico multimillonario. Luego de haber provocado escozores en el sistema financiero de varios países de América latina con la investigación senatorial sobre lavado de dinero, ayer, dio a conocer su calificación anual de los países que más se esmeran en colaborar con la DEA (Drugs Enformecement Administration) para combatir al narcotráfico.
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En ese «paper», la Argentina no aparece como país donde se lava dinero, aunque el informe de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado considera a la Argentina como uno de los países de mayor producción de químicos que son utilizados en la fabricación de drogas, acompañada de Brasil, Alemania, China, India, México, Holanda y Estados Unidos. Sin embargo, la Argentina no figura entre los 24 países considerados productores importantes de drogas o que sirven para el tránsito a gran escala de estupefacientes.
«La Argentina sigue siendo un país de tránsito para la cocaína que llega de Bolivia, y ha habido algún movimiento positivo sobre legislación que penalice el lavado de dinero», sostiene el «reporter» del Departamento de Estado que fue entregado a la prensa por el secretario adjunto Rand Beers. También califica a Brasil como uno de los «principales países de tránsito de drogas ilícitas» con destino a los Estados Unidos.
Además, lo censura porque ese país sudamericano tiene un sector financiero muy grande y sofisticado que posibilita -según el informe de Beersel lavado de dinero, cuyos fondos son originarios del tráfico de narcóticos, el contrabando y otros actos de corrupción. Sin embargo, aclara que el lavado de dinero está penado en Brasil desde 1998, y que el gobierno de Brasilia implementó un sistema de informes sobre el narcotráfico desde el año pasado, en una decisión similar a la que adoptó la Argentina con la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras).
Pero como la posición de Brasil es clave para resolver el problema en una región con posibilidades de verse envuelta en un conflicto de proporciones, a raíz de la puesta en marcha del Plan Colombia -inversión de u$s 1.300 millones para combatir al narcotráfico y erradicar la producción de droga-, el Departamento de Estado atenuó la dureza contra la gestión de Fernando Henrique Cardoso y su decisión política de haber puesto en marcha la Operación Cobra y de haber reorganizado las responsabilidades oficiales en la lucha antinarcóticos. Mediante la Operación Cobra, Brasil reforzó su frontera norte para evitar que se filtren en su territorio narcotraficantes o guerrilleros que actúan de conjunto en un amplio territorio del sur colombiano, y de colaborar con Perú con el mismo motivo.
A Uruguay, en cambio, no se lo tiene como un país productor de drogas ni tampoco sirve para el transporte de los narcóticos ilegales, pero como centro financiero regional es susceptible al posible lavado de dinero.
«Históricamente, Uruguay ha atraído los depósitos de dinero extranjeros debido a su estabilidad económica y política, el cambio libre de monedas y sus leyes de secreto bancario», sostiene el informe norteamericano. El gobierno uruguayo mantiene un estricto secreto bancario, pero debido a las presiones de Estados Unidos, en los últimos años permite que las instituciones financieras reporten cierta información al Banco Central, pero, generalmente impide que llegue a los estrados judiciales, fundamentalmente si los pedidos provienen de jueces argentinos.
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