La equivocación de la norma sancionada durante el gobierno de De la Rúa fue establecer un tope (de $ 2.400) al haber previsional a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).
El gobierno lo que quería hacer era aplicar una poda a las jubilaciones de privilegio. Pero la inoperancia hizo que olvidaran que estos beneficios pertencen a otros regímenes y no al SIJP. Lo que hicieron en realidad fue perjudicar a menos de 1.000 jubilados, en su mayoría altos ejecutivos de compañías y bancos locales, que accedieron a altas jubilaciones debido a que sus aportes fueron elevados dada las altas remuneraciones que percibieron en su vida activa.
El Ministerio de Trabajo, a cargo de Alfredo Atanasof, decidió enmendar el error que representa el pago de un millón de pesos mensuales, ya que los juicios acarraerían peores costos para el Estado. Más allá de ser una injusticia y encima dejar en pie las jubilaciones de privilegio.
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