La Justicia italiana confirmó ayer un embargo contra la Argentina que había sido ordenado por un juez de esa nacionalidad en primera instancia en junio de 2002.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El fallo fue dictado por la Cámara de Apelaciones de Roma por un monto de 2,5 millones de euros y afecta a un crédito otorgado por el gobierno italiano al argentino, pero pendiente de desembolso. Los demandantes son un grupo de inversores italianos minoristas representados por el abogado Mauro Sandri.
Por su parte, el asesor legal de inversores argentinos, Gerardo Tarchinale, afirmó que « este fallo confirma la dureza de los tribunales internacionales y abre la puerta para que otros acreedores minoristas sigan el camino judicial».
Este fallo se suma a otros que el gobierno argentino viene sufriendo en tribunales alemanes e italianos.
Dejá tu comentario