Empresarios piden a Economía blanqueo para traer capitales

Ajuste de balances por inflación; «incentivos» (blanqueo) para repatriar fondos depositados en el exterior que se destinen a inversiones en empresas; financiación para las inversiones a tasas razonables; ley de riesgos de trabajo; posibilidad de aplicar el impuesto al cheque al pago de otros gravámenes.

Con esos viejos reclamos pero sin esperar demasiado, los principales dirigentes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) fueron ayer al Palacio de Hacienda a conocer al ministro de Economía, Carlos Fernández.

Planteo

Los empresarios también volvieron a plantear la necesidad de eliminar el impuesto al cheque y de poder actualizar sus balances por inflación, de modo de no terminar pagando cifras exorbitantes en concepto de Impuesto a las Ganancias. El ministro, casi como era de esperar, se limitó a tomar nota y a prometer estudiar el caso. Sus huéspedes le dijeron que ni hacía falta que anotara: ya tienen un «paper» con estos planteos que vienen presentando ante los sucesivos ocupantes del quinto piso de Hipólito Yrigoyen 250 y de otras carteras.

La delegación de la CAC la encabezó su titular, Carlos de la Vega, a quien acompañaron Alberto Grimoldi, Alberto Dragotto, Alfredo Piano, Eduardo Gruneisen y Natalio Grinman.

En diálogo con este diario, De la Vega reveló también que «obviamente hablamos del impacto que tiene el conflicto con el campo en el nivel de actividad, y le dijimos que en el interior ya es preocupante la caída». El empresario reiteró de algún modo los términos de la solicitada que firmaran hace algunas semanas la CAC, la UIA, la Cámara de la Construcción y la Bolsa de Comercio porteña: la necesidad de no dejar al agro de lado entre los sectores clave para mantener el crecimiento, y de encontrar una rápida soluciónal conflicto. El ajuste por inflación de los balances viene siendo un tema central en cuanto encuentro se produce entre empresarios y funcionarios. Esa falta de sinceramiento en los activos de las empresas es una de las claves para inflar la recaudación de Ganancias, algo que al gobierno no sólo le sirve para exhibir como éxito de su política económica sino para engrosar las arcas públicas.

Queja

Los empresarios se quejaron ante Fernández (el de Economía) de la falta de acceso a los créditos internacionales que padecen las firmas argentinas. «Entre la situación que se vive y la falta de acuerdo con el Club de París, no hay quien nos preste afuera. Y las tasas que nos cobran en la Argentina son impagables. La única alternativa es instrumentar mecanismos que alienten la repatriación de depósitos en el exterior, u otorgar incentivos a la reinversión de utilidades de las pymes», dijo a este diario De la Vega. En otras palabras: un blanqueo (al menos parcial) de la plata de los argentinos offshore y la desgravación de las utilidades que se reinvierten.

Después hubo tiempo para hablar de los «conflictos intersindicales», léase los que enfrentan a camioneros vs. comercio; camioneros vs. UOCRA y camioneros vs. camioneros,peleas que paralizana las empresas durante períodos prolongados. «Eso me parece que es más para Carlos Tomada que para mí», fue la salida que encontró Fernández, según contó uno de los participantes de la reunión.

Promesa

También se habló de un decreto que permite compensar en el NEA y en el NOA aportes patronales contra IVA (quieren que pase de 9% a al menos 15%), de agregar a las promociones de bienes de capital que rigen para la industria sectores como las telecomunicaciones, los centros de logística y los servicios en general, que se prorrogue otro decreto que permitirá hasta diciembre la reducción de aportes patronales para los nuevos empleos, etcétera.

Casi al final, se habló de la temida ley de accidentes de trabajo, tema sobre el cual el sector gremial estaría a punto de arrancarle al gobierno «la doble vía» ( cobrar lo que debe pagar por ley la ART y luego recurrir a los tribunales a pedir un monto mayor); los empresarios le aseguraron a Fernández que eso será la muerte de centenares de empresas y la consecuente desaparición de miles de puestos de trabajo. Fernández al menos prometió indagar en qué área del gobierno se encuentra el proyecto de ley (si efectivamente existe alguno), dado que ese tema pasó sucesivamente por Trabajo, Economía (en tiempos de Felisa Miceli), la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y el propio despacho del entonces presidente Néstor Kirchner.