Empresarios pidieron la postergación del consenso

Ayer la Unión Industrial, representando al nuevo agrupamiento empresario conformado junto a banqueros, pidió postergar la mesa de consenso hasta la semana que viene. El gobierno aceptó el pedido inmediatamente. La razón invocada es formal: dar tiempo a que Domingo Cavallo cierre el canje de la deuda local y simultáneamente afinar los detalles de la propuesta económica conjunta que llevarán al encuentro con Fernando de la Rúa. Sin embargo, trascendió que los motivos reales son distintos. Uno es el desagrado que causó en este nuevo "núcleo duro" la intención del gobierno de convocar a las empresas de servicios y sectores empresariales que no forman parte del nuevo agrupamiento. Las compañías privatizadas habrían movido sus contactos en el gobierno para intervenir en la negociación con el fin de impedir cualquier intento de modificación de sus contratos. Otras entidades, como la Rural o la Cámara Argentina de Comercio, también quieren ingresar, y esto disgustó al "núcleo duro". El otro motivo de la postergación es ganar tiempo para tratar de disuadir a las dos CGT de chantajear el futuro acuerdo. Los sindicatos se aprovechan de la situación una vez más: piden que impuestos que todavía ni se crearon se destinen a devolverles el salario familiar a quienes ganan $ 1.500 mensuales. Está en la mesa de negociaciones la propuesta empresaria al gobierno de que el proyectado aumento retroactivo del Impuesto a las Ganancias sea un nuevo bono a devolver en dos años, como si se tratara de un "ahorro forzoso". Es cierto también que las entidades que conforman el Grupo Productivo no habían completado la elaboración de sus propuestas, cosa que sí hicieron los banqueros. Pero, al margen de estas diferencias, es importante y llamativo el nacimiento (en función de la profunda crisis económica que atraviesa el país, es cierto) de un grupo empresarial en el que conviven y acuerdan sectores tradicionalmente enfrentados.

La reunión para comenzar a avanzar en la concertación entre empresarios, gobierno y sindicalistas será pospuesta una semana a pedido de la Unión Industrial Argentina, actuando en representación del nuevo grupo empresario que conforman el denominado Grupo Productivo y la Asociación de Bancos Argentinos. A última hora de ayer, el gobierno aceptó formalmente el pedido que ya había sido consensuado de antemano.

La entidad que preside José Ignacio de Mendiguren remitió ayer una carta dirigida al presidente Fernando de la Rúa con copia al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; en la misiva se solicita la postergación del encuentro pautado para mañana hasta el jueves de la semana próxima; allí se dice que atento a la inminencia del canje de la deuda, y la necesidad de enfocar los esfuerzos a discutir ese tema fundamental y la forma de financiarlo, «se hace necesario pedir el aplazamiento del encuentro» hasta el jueves 6 de diciembre. De todos modos, la fecha definitiva se decidiría hoy, porque el gobierno querría adelantarla para el martes venidero.

Tres razones

Sin embargo, la realidad -más allá de lo formal-indica que son tres las razones por las cuales se dispuso esta postergación:

- La pretensión del gobierno de incluir en la convocatoria a empresas y sectores más allá del autodenominado «Núcleo Duro» (y el rechazo de éste a esa ampliación);

- la necesidad de convencer a las dos CGT de adherirse al consenso y después discutir qué se hace con los fondos que se recaudarían con los mecanismos que se propondrán;

- la imposibilidad de «llegar» con una propuesta unificada a la reunión de mañana; «hasta ahora las reuniones fueron políticas: los técnicos de las cámaras todavía no se pusieron a trabajar ni en la letra grande, ya no en la chica», dijo una fuente de la UIA a este diario.

Discrepó de él un informante de ABA: «Los bancos tenemos los deberes hechos, y sabemos qué queremos para el sector. Se vio en la reunión de Eduardo Escasany con Enrique Olivera», dijo.

De todos modos, la unión banqueros-industriales es sin dudas el elemento más novedoso de este nuevo núcleo, habida cuenta de la tradicional desconfianza y hasta de los enfrentamientos que protagonizaron hasta no hace mucho estos dos factores económicos. Está claro que en la actual crisis ambos están atados a un destino común. No es casual, además, que los motores del «Núcleo Duro» sean -además de directivos sectoriales-representantes de dos de los grupos empresarios nacionales más importantes: Eduardo Baglietto (titular de la CAC y ejecutivo de Techint) y Escasany (Grupo Galicia).

El gobierno pidió al nuevo agrupamiento empresarial la ampliación de la convocatoria a representantes de otros sectores, incluido el denominado «tercer sector», conformado por las ONG (organizaciones no gubernamentales). De hecho, la visita que hizo ayer Colombo a Caritas -tratando de interesar a la Iglesia Católica a través de su brazo que instrumenta planes sociales-se enmarcaría en esta intención.

Lobby

El sector oficial también habría sido permeable al lobby que están haciendo las empresas de servicios para que se las incluya, lo mismo que las cámaras que acompañaron a ABA en la solicitada de hace diez días, y que ahora se ven abandonadas por la entidad que preside Escasany, y negado el acceso a la mesa por el «Núcleo Duro».

«Hay gente y entidades 'quemadas'; no queremos ser el 'Grupo de los Ocho'; eso no sirve para nada», dijo otro informante. Es obvio entonces que la movida oficial no cayó bien entre los empresarios de la UIA, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara Argentina de la Construcción y la propia ABA. Fuentes de este nuevo agrupamiento empresarial habían manifestado a este diario un día antes que era necesario «consolidar esto que es un movimiento incipiente para luego ampliar la convocatoria a otros sectores». Desde ya, la intención oficial de hacerles lugar en la mesa de concertación a las empresas de servicios y a los firmantes de la solicitada (la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural, entre otras) no se enmarca en este esquema de acción.

«Podrían ser incluidos en una segunda etapa, en un segundo anillo; pero cuantos más seamos en estos primeros pasos, más son las posibilidades de que no se haga nada», dijo otra fuente de los empresarios, más conciliadora. «Pero la negociación inicial tiene que ser entre nosotros, el gobierno y los sindicatos», agregó.

Tampoco sería ajena a la postergación la pretensión sindical de «morder» parte de lo que se recaudaría por la ampliación del Impuesto a las Ganancias, destinándolo a «salvar» el recorte propuesto por Domingo Cavallo a las asignaciones familiares. Las dos centrales sindicales -la «oficial» de Rodolfo Daer y la «rebelde» de Hugo Moyano-ya manifestaron que no participarán de la mesa a menos que se les garantice una porción en el reparto de fondos que no pasan todavía del plano teórico. Esta habitual «apretada» del sindicalismo cayó mal entre los empresarios: «En el grupo que se conformó durante la última Conferencia Industrial hay reglas de juego claras: todos discutimos todos los temas, y nadie se corta solo; si no gusta lo que decide la mayoría, está la posibilidad de irse...», dijo un alto dirigente del nuevo agrupamiento, obviamente disgustado por la actitud gremial.

Finalmente, habría mucho para conversar entre los empresarios antes de llevar un papel a la firma en la mesa del consenso. «No podemos correr el riesgo de sentarnos mañana, que nos presenten un documento con el que no estamos de acuerdo, y vernos obligados a firmar», dijo la fuente de los industriales.

Fondos

Lo que sí formará parte -seguro-de la propuesta de los empresarios es el dúo de instrumentos para allegarle fondos al Estado sin modificar demasiado el esquema fiscal actual:

- el incremento al ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) proveniente de no trasladar al público la rebaja en las naftas que debería hacerse por la caída del precio del crudo (estimados u$s 1.200 millones),

- el «ahorro forzoso» que se conformaría con lo que se recaude por la aplicación adicional de Ganancias a las empresas que hubieran tenido utilidades superiores a los cinco millones de pesos y a las personas con más de un millón (estimado en u$s 1.056 millones); los empresarios quieren convertir ese hipotético gravamen en un «empréstito» imputable dentro de dos años al pago del mismo impuesto. La CGT insiste en que parte de estos fondos se utilicen para pagar asignaciones familiares, aguinaldos de estatales, etc.