Error carísimo de Rodríguez Giavarini

El Poder Ejecutivo mostró una gran torpeza política el jueves pasado cuando, mientras el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, trataba de convencer al peronismo y a la propia Alianza sobre el ajuste de las jubilaciones, el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini le hacía firmar al presidente Fernando de la Rúa un decreto que restablecía regímenes jubilatorios especiales.

El martes pasado se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 925, por el cual se ordena a los representantes del Estado nacional allanarse en todas aquellas causas judiciales en las que los demandantes plantean la inconstitucionalidad del Decreto 78/94.

Esta norma derogó los regímenes previsionales del personal del servicio exterior de la Nación; del personal del Conicet; de los docentes primarios, secundarios y universitarios; funcionarios de la Corte Suprema y del Poder Judicial, legisladores nacionales, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo y otros funcionarios de la Ciudad, de la Procuración y del Tribunal de Cuentas.

Para corregir esta impericia hoy se firmará un decreto dejando sin efecto el 925. Es decir que quedará sin validez. La torpeza, reflejo del apuro del canciller, se plasmó en errores burocráticos ya que el decreto carece de las firmas de los ministros del área, como Patricia Bullrich. Es más, la ministra de Trabajo ayer se desayunaba del error cometido por el gobierno.

Mayores requisitos

Cabe señalar que no se trata de jubilaciones de privilegio, sino de regímenes especiales, como por ejemplo el de los diplomáticos. En este caso estos funcionarios tenían mayores requisitos para poder jubilarse (más años de aportes y de servicios) pero a cambio conseguían un mecanismo más ventajoso para calcular el haber previsional.

El caso del Decreto 925 nació por la preocupación de Rodríguez Giavarini frente a unos pocos casos de juicios de diplomáticos. El canciller no tuvo mejor idea que convencer a De la Rúa para que firmara el decreto renunciando a la defensa de estos juicios. Claro, en estos casos el monto en cuestión eran unos miles de pesos.

Pero lo que desconocían Rodríguez Giavarini y De la Rúa es que hay miles de estos casos en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que representan miles de millones de pesos en caso de perder el Estado las sentencias judiciales.

Además, se corre el riesgo de que todos aquellos que se jubilaron entre 1994 y este año y están comprendidos en los regímenes especiales derogados en el '94 generen una verdadera avalancha de reclamos judiciales contra el Estado, aumentando la deuda contingente por motivos previsionales.