20 de septiembre 2001 - 00:00

"¿Es una ley para preservar pobreza?"

Una investigadora del IERAL de la Fundación Mediterránea y un diputado nacional por Misiones exponen sus posiciones encontradas respecto de la efectividad del proyecto de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate para hacer frente a la crisis que atraviesa la producción yerbatera, aquejada entre otros factores por la sobreoferta. Los ejes del debate giran en torno del impacto de fijar un precio a la materia prima y de decidir un estampillado de $ 0,08 al paquete de la yerba mate.

La Cámara de Diputados va a tratar una ley para la creación de un Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Aunque impulsada por sectores representantes de los productores primarios de yerba mate, si se aprueba como se ha enviado sólo ayudará a preservar la pobreza en el agro misionero.

Sin dudas, el sector yerbatero está atravesando una profunda crisis. El precio de la yerba al productor es hoy la mitad que en 1995. Esta caída del precio se produjo por un aumento de la oferta de la yerba mate, la que pasó de 160 mil t en 1990 a alrededor de 300 mil t en la actualidad. Aunque el consumo y la exportación aumentaron durante la década del '90, el incremento de la oferta fue más que proporcional, afectando el precio. Pero la crisis del sector yerbatero tiene causas estructurales que superan la mera caída del precio.

Esta actividad estuvo regulada hasta 1991. La Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) determinaba la oferta yerbatera a través de permisos de plantación y restricciones de cosecha. Pero durante la regulación, las medidas que se tomaron no evitaron los ciclos de sobre o suboferta, no promovieron la incorporación de tecnologías más productivas, ni dieron incentivos para expandir el consumo o la exportación.

Con la desregulación, se comenzaron a plantar yerbales de mejor productividad, y se expandió el consumo y la exportación. Pero los problemas que se generaron fueron varios.

Primero, las fotos satelitales muestran que hoy conviven productores con yerbales viejos y degradados que obtienen 3.500 kg/ha con otros que logran 15 mil kg/ha. Las tecnologías probadas permiten producciones aun superiores a 20 mil kg/ha. La incidencia de los yerbales degradados es alta, ya que alrededor de la mitad de los yerbales de Misiones es de productividad considerada baja o muy baja.

Falla

Segundo, el paso de un mercado regulado a uno desregulado no se acompañó con medidas ordenadoras del mercado. La información es escasa y poco confiable; el producto no está estandarizado, los controles (bromatológicos, laborales, etc.) son débiles, permitiendo la competencia desleal.

Dentro de este contexto, se impulsa la creación del INYM, que incluye, como parte de sus objetivos, cumplir algunas de estas funciones, tales como llevar las estadísticas del sector, promover normas de tipificación de producto, promocionar la yerba mate, asistencia técnica y capacitación, y llevar registros para la identificación de los actores en el sector. Este grupo de funciones, que permitiría ordenar el mercado yerbatero, es esencial y debería ser apoyado.

Pero, por otra parte, la ley permite que el INYM se convierta en un organismo fijador del precio del producto, con facultades para subsidiarlo. En el artículo 4º, inc. r, el organismo se adjudica la función de «acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del INYM el precio de la materia prima», de acuerdo con una fórmula polinómica basada en el precio al consumidor. Y se faculta a «constituir fondos específicos» (art. 5, inc. e). Esto se financiaría a través de un estampillado de 0,08 de peso al paquete de la yerba mate, previsto en la ley, que permitiría recaudar alrededor de $ 24 millones al año.

Riesgo

Más allá de la viabilidad del estampillado (que aún no se ha evaluado) y del cuestionamiento a la posibilidad práctica de hacer cumplir un precio fijado por el organismo, el riesgo que esta norma genera es que se intente continuar con el status quo actual, financiando el mantenimiento de los cultivos improductivos a costa del consumidor. La ley abre la posibilidad de que se subsidie el precio a través de un fondo específico financiado por el estampillado. El riesgo es cierto. Parte de la dirigencia que impulsa y reclama por la creación del INYM es la misma que exige un subsidio al precio como única medida superadora de la crisis actual.

Lamentablemente, buena parte de los voceros del sector primario niega la necesidad de reconversión, pasando el eje de la discusión exclusivamente al precio. Esto no es nuevo. Ya en 1970 el INTA advertía sobre la necesidad de reconvertir 30 mil ha de yerbales degradados, idea que nunca se materializó, aun cuando la actividad estaba regulada. Hoy los yerbales degradados están subutilizando alrededor de 100 mil hectáreas de las tierras más productivas de la provincia. Y son generadores de pobreza.

Esas hectáreas producen un valor económico primario de $ 24 millones anuales, cuando su potencial es cinco veces mayor.

Es importante asumir que la permanencia de los yerbales de baja productividad es una garantía de bajos ingresos, que no le dará al productor lo mínimo para su subsistencia ni a la provincia fuente de crecimiento económico. Para ese grupo de colonos, lo que se requiere es una política integral, que contemple subsidios al ingreso, si esto es necesario, y que sea acompañada con propuestas productivas que incrementen la rentabilidad de la chacra. La caída del precio de la yerba ha producido un problema social, pero este último no se resuelve aumentando artificialmente el precio de la yerba mate. Al contrario, dada la competencia con Brasil, pondría en peligro la viabilidad de la actividad en poco tiempo.

La ley de creación del INYM tiene puntos positivos, pero aprobarla, con las características señaladas, probablemente sólo ayudará a seguir prolongando las penurias del productor más desfavorecido, postergando las reformas estructurales imprescindibles.

La discusión de esta ley se debería utilizar como un ámbito para generar una discusión más profunda, que incorpore a todos los actores y que permita impulsar una política sustentable hacia el sector. De lo contrario, sólo servirá para preservar la pobreza.



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