España: "Inversión en Latinoamérica necesita avance económico y político"
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Así, dijo España debe apoyar aquellos gobiernos que respeten y fomenten los valores democráticos; defender los intereses latinoamericanos ante la Unión Europea (UE) y ante los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial; y apoyar los procesos de integración económica en Iberoamérica, fundamentalmente en Mercosur y en la Comunidad Andina.
Además, dijo, el Ejecutivo español aboga por intermediar en los conflictos locales que generan gran ineficacia económica en la región; promover empresas mixtas hispano-latinoamericanas; y fomentar una movilidad laboral ordenada.
Los tres últimos aspectos a los que hizo referencia Sebastián son el apoyo a las empresas españolas en su experiencia latinoamericana; favorecer la formación de profesionales latinoamericanos en España; y fomentar y reforzar la ayuda internacional y la cooperación al desarrollo.
Sebastián explicó que, como contraprestación a estos nueve puntos, el Ejecutivo pide a las empresas españolas que operan en la región un compromiso claro con el desarrollo económico y con la modernización de los países latinoamericanos.
Además, les exige un compromiso sólido con la responsabilidad social corporativa, lo que requiere cooperar con otros agentes económicos y sociales para favorecer el progreso económico y la mejora de la distribución de la renta.
Por último, el Ejecutivo español solicita a las empresas una "apuesta razonable" por el desarrollo sostenible con el entorno y la distribución de recursos.
El asesor económico de Gobierno español reseñó que "en el intercambio mutuo de intereses", Iberoamérica deber ofrecer estabilidad política y social que, pese a los avances, "en las instituciones políticas se queda corto si no hay consenso".
Además, Latinoamérica debe ofrecer estabilidad macroeconómica, unas políticas monetarias y fiscales "prudentes"; un marco jurídico estable y transparente; y la mejora de las instituciones económicas, mayor transparencia en la asignación de los contratos públicos, y el respeto a la propiedad privada y pública y a los contratos.




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