2 de abril 2020 - 00:00

Larga agonía de las proveedoras de Estado

Mientras los gobernadores piden ayuda económica a la Nación, las administraciones nacionales y provinciales siguen comprando acorde a sus necesidades y sin asegurar los fondos respaldatorios.

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Las empresas proveedoras de Estado son un caso muy particular. Los gobiernos les exigen al máximo y los manuales de compras y contrataciones estatales son un instrumento de incentivación o retracción de la economía. Mientras los gobernadores piden ayuda económica a la Nación, las administraciones nacionales y provinciales siguen comprando acorde a sus necesidades y sin asegurar los fondos respaldatorios. Hay provincias y municipios que deben a sus proveedores facturas desde 2019 y ante el reclamo del pago vierten amenazas para quienes les exigen cumplir con estos pagos. ¿Reclamarles intereses? Jamás, quien lo intenta deberá pagar IVA, ingresos brutos y otros impuestos (al facturar) agravando la situación financiera y sin ningún resultado salvo amenazas de ser borrado de la convocatoria a competir en las futuras licitaciones.

Hay un peligro en el corte de la cadena de pagos y sus consecuencias. Mucho se dice al respecto, pero los gobiernos y las empresas del Estado empiezan por desconocer las obligaciones, siendo ellos los primeros responsables en cortar dicha cadena. Asimismo, no cobrar para una pyme significa muchas veces la pérdida de más del 50% del capital de trabajo, teniendo como consecuencia conflictos económicos a corto o mediano plazo. Recordemos que una pyme tiene sus propias obligaciones que enfrentar: salariales, impositivas además del pago a sus proveedores de materia prima, transporte, seguros, etc., y estos a su vez a sus empleados, obreros, etc. El Estado nacional, a través de sus empresas, tiene deudas de hasta un año de atraso, las provincias, casi en su totalidad son deudoras, incluso algunas adeudando por un lapso mayor. Recordemos que el proveedor del Estado debe pagar sus impuestos sin el mínimo retardo, ya que si no lo hace en tiempo y forma queda irremediablemente descalificado a la hora de cotizar o que no le entreguen la orden de compra si ha vencido una licitación. El control de la AFIP es diario y se lo descalifica por una deuda mayor a $5.000. Suele acontecer que al descalificar al ganador de una licitación por esa deuda (o se le notifica) y se le compra al siguiente oferente por una suma mayor que resulta más grande que el eventual impuesto reclamado”.

Ante el coronavirus las tesorerías públicas bajaron las cortinas, puertas y ventanas; no atienden reclamos por mail ni teléfono fijo y menos por WhatsApp, no existen interlocutores. Aconteciendo una acción impensada y nunca vivida, actualmente los proveedores van a golpear las puertas de los ministros de áreas para que los escuchen ya que el supuesto trabajo on line no existe para los reclamos de pago. Las pymes proveedoras, mientras tanto, ante el silencio de los organismos del Estado y (empresas descentralizadas) expresan su dramatismo no viendo cómo afrontar los pagos de salarios y sus obligaciones comerciales y fiscales. No hay que perder de vista que hay sectores privilegiados, como los proveedores de alimentos, quienes en su mayoría entregan si previamente cobran o los adjudicados por compras directas justificadas como compras de emergencia.

Antes del coronavirus la cobranza era muy complicada, ahora se acrecentaron las dificultades. Si los pymes proveedoras de Estado no cobran, para estas pymes la cadena de pagos se cortará inexorablemente a corto plazo.

(*) Empresario

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