Es una medida en estudio y ya circulan borradores en el gabinete del decreto correctivo. La intención es que se retorne al proyecto original que pesifica deudas hipotecarias por encima de los u$s 100.000 a 1,40. Incluye los créditos prendarios por más de u$s 10.000 y los que se otorgaron para refacciones por encima de u$s 30.000. Los funcionarios del FMI son tenaces en el costo que debe afrontar el país en la pesificación 1 a 1. Para Eduardo Duhalde, las soluciones que se abren son todas complicadas, especialmente en lo político. Hay dudas también en el tratamiento que se dará a las empresas concursadas, ya que la Ley de Quiebras, conocida como "ley Clarín", remitió al Decreto 214, que ahora se modificaría, para tratar los pasivos de empresas en esta situación. La pesificación de todas las deudas ha sido motivo de polémica dentro del gobierno, al punto que el titular de la bancada del PJ en Diputados, Humberto Roggero, denunció que había rumores sobre irregularidades para la redacción de esa medida.
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Las soluciones que se abren frente a Eduardo Duhalde son todas complicadas, sobre todo desde el punto de vista político. La más drástica, que está cifrada en un borrador de decreto que circula dentro del gabinete y que corregiría el N°214, consiste en volver al formato inicial de la pesificación: considerar que todos los compromisos superiores a determinado monto (u$s 100.000 para los créditos hipotecarios, u$s 30.000 para refacciones y u$s 10.000 para créditos prendarios) deben pesificarse a una paridad de u$s 1 = $ 1,40. Jorge Remes ya le presentó el borrador al Presidente -en el mismo texto se establecen algunos de los anuncios realizados el lunes, como la pesificación del canje I-, pero el gobierno todavía no resolvió si irá adelante con la medida. Tampoco se despejó entre los técnicos el tratamiento que habría que darles a las empresas concursadas, ya que la Ley de Quiebras (vulgarmente conocida como «ley Clarín») remitió al Decreto N° 214 para tratar los pasivos de compañías en esta situación.
La pesificación lisa y llana de todas las deudas ha sido motivo de ácidas polémicas dentro del oficialismo, a tal punto que el jefe de la bancada del PJ en la Cámara de Diputados, Humberto Roggero, denunció ante el Presidente y una veintena de diputados, en Olivos, que había rumores sobre «irregularidades que se cometieron para la redacción del decreto». Casi todos los diputados y senadores se quejaron de que se convirtieran uno a uno las grandes deudas en dólares. El jueves pasado, por ejemplo, los peronistas de la Cámara alta le reprocharon a Remes que no se haya corregido esa situación y discutieron delante del ministro cuál debía ser la línea a partir de la cual cambiar la paridad de pesificación: la salteña Sonia Escudero reclamó que se beneficiarán con esa medida quienes tienen pasivos superiores a u$s 1 millón. Ramón Puerta llevó esa suma a u$s 3 millones.
Tanto Duhalde como Brown defienden la iniciativa en que «no se trata de un impuesto para alimentar el gasto público, sino que vuelve a la economía para fortalecer a las PyMEs, con créditos de tasa baja y período de gracia». Es difícil, sin embargo, que con estos argumentos convenzan a «Mr. Silence», como conocen en el Fondo al indio Singh, quien ayer se reunió con diputados y no tocó siquiera la posibilidad del nuevo tributo.
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