Excéntrico "taller" oficial para regular a los lobbystas

Jorge de la Rúa, a quien la hermandad con el Presidente le ha dado una insospechada petulancia, se ha lanzado a la conquista del ministerio anticorrupción que se anunció ayer en la apertura de las sesiones del Congreso. En el Ministerio de Justicia se realizó ayer por la mañana, mientras Fernando de la Rúa hacía el anuncio, una reunión destinada a «combatir la corrupción» regulando la actividad de los lobbystas. Sin embargo, el proyecto de ley que se puso a consideración no se daba por enterado de la novedad: ponía el problema en manos del jefe de Gabinete y los presidentes de las cámaras legislativas.

El encuentro, que presidieron Melchor Cruchaga, José Massoni (Oficina Anticorrupción) y Roberto De Michele (director de Planificación de Políticas de Transparencia), fue denominado «taller», como si se fuera a impartir alguna terapia ocupacional.

Allá fueron, convocados por Justicia, abogados, consultores y responsables de relaciones públicas de las empresas importantes.

Entre otros, estuvieron José María Caferatta, Roberto Dromi, Jorge Pardo (Esso), Alejandro Mac Farlaine (Repsol-YPF), Ignacio Bracht (Telefónica), Mateo Goretti (Nueva Comunicación), Rodolfo Círpoli (Telecom), María Tezanos Pinto (Mora y Araujo), Alejandro Zaia (ZC&M) y Marcos Victorica (Victorica y Asociados). Se trataba de discutir cuál es el alcance de la «gestión de intereses» y qué formas de regulación podían introducirse para hacerla más transparente. Propuesta esta última que no ofendió a ninguno de los presentes: «Que se ofendan los que no vinieron que por algo habrán faltado», dijo uno de ellos. En broma, claro.

Las opiniones fueron diversas y el problema casi inasible. Si bien Caferatta fue el primero en adherir a la idea (zorro viejo, habrá pensado que hacer lobby sobre el lobby podría ser una tarea apasionante), enseguida llegaron las objeciones.

Escéptico

El primero en formularlas fue Pardo, quien se mostró escéptico sobre los beneficios de regular la actividad: «Copiar modelos extraños no implica algo de por sí bueno», dijo este abogado, representante en la sala de una empresa multinacional. «Ya en 1973 se quiso crear un registro de lobbystas o gestores y sólo se contribuyó a hacer un nuevo monstruo burocrático», recordó. Después planteó un criterio más general: el Estado no debería intervenir en esta actividad, como no interviene, por ejemplo, en los colegios de abogados.

Pero Caferatta insistía en las ventajas: se podría fundar un master en lobby, ideó enseguida. Se ve que es un lobbysta aceptable, porque los funcionarios «compraron» enseguida. Lo siguió Dromi, quien había leído minuciosamente la propuesta legislativa que piensa formular el gobierno.

Comenzó por plantear el problema de qué es el lobby. «Se confunde con la abogacía, que también gestiona intereses y no tiene posibilidad de regularse mediante un registro, como quiere el proyecto de ley», comenzó. Se detuvo un instante en este punto: «Quién se va a inscribir en un registro para hacer un acto de corrupción. Si se quiere combatir la corrupción van a tener que buscar fuera del registro y el problema, entonces, sigue siendo el mismo».

Pero el ex ministro se explayó en otros dos aspectos. Lo entusiasmó analizar los artículos en los cuales el proyecto sobre «gestión de intereses» (una iniciativa original de Jorge Yoma en el Congreso) enumera a todos los funcionarios que son «sujetos pasivos obligados (de lobby) a informar» en el ámbito de cada poder las gestiones que se les han acercado. «Me parece bien, dijo Dromi, que funcionarios y legisladores informen sobre su agenda. Pero no sobre la que maneja la secretaria, no. También deben informar con quién comió, con quién tomó un café, con quién se vio en punta del Este, así después las publicamos y competimos con las Charlas de Quincho». Todos estallaron en una carcajada pero nadie pudo refutar un aspecto del proyecto que roza el ridículo.

Finalmente, en la reunión («taller») se planteó otro problema: si debe ser considerado lobbysta quien tramita intereses ante la prensa. «Porque regulan a los lobbystas, que limitan su acción pero quedan a expensas de una operación de prensa», dijo un abogado. Goretti, Zaia, Victorica, no respondieron al interrogante. Hubiera sido fascinante que lo hicieran porque se trata de «gestores de intereses» delante de los medios de comunicación, con la particularidad de que esos intereses son los del Estado, los del gobierno o los de algún funcionario (los tres manejan contratos con la administración actual). Claro, el problema merecería otro «taller». Por lo pronto, en la ley que promueve el hermano de De la Rúa están exentas de ser consideradas como lobby las expresiones formuladas para difundir noticias. No es la única incógnita que quedó en el aire. En la iniciativa que promueve el Ministerio de Justicia no se excluye a los sindicalistas de la actividad de lobbying. Resulta cómico porque alguien ha imaginado que los pícaros gremialistas se anotarán en un registro para que queden publicadas sus reuniones con funcionarios y legisladores.