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Por esta causa, la Justicia dispuso el procesamiento y la prisión preventiva del administrador de un fondo por considerarlo «prima facie» autor criminalmente responsable del delito de defraudación por retención indebida. La medida recayó sobre Alejandro Castresana, presidente de Francés Administradora de Inversiones SA, sobre quien se trabó un embargo de $ 250 mil para satisfacer la acción civil por daños y perjuicios.
«En plena crisis económica, la sociedad gerente del fondo no sólo omitió brindar información sobre los valores depositados, sino que, además, retuvo para sí el dinero en cuestión, que no brindó ningún tipo de beneficio a los denunciantes durante ese período», detallaron los abogados Jorge Kabakian y Adriana Krikorian, defensores de los demandantes.
En su defensa, Castresana sostuvo que tanto el Banco Central como la Comisión Nacional de Valores dictaron numerosas circulares y resoluciones en las que adecuaron las normas de funcionamiento de los fondos común de inversión y, por ende, resultaron obligatorias para las sociedades gerentes y depositarias.
Sin embargo, la jueza Alicia Mercedes Iermini entendió que el fondo común de inversión no se encuentra incluido en el mencionado decreto, «por no constituir depósitos en entidades financieras». Al respecto, precisó que éstos no gozan de las garantías de los depósitos, y la inversión no se encuentra garantizada en su rentabilidad.
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