Una semana después de pronunciarse políticamente para que el Congreso restituya la movilidad de las jubilaciones, la Corte Suprema de Justicia consideró ayer como «imprescriptible» el derecho a reclamar una pensión. De este modo, el alto tribunal ordenó encuadrar a una beneficiaria en el régimen que alcanza a los empleados de la administración pública nacional y actualizar sus haberes.
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La mujer, María Luján Durante de Mondot, obtuvo en abril de 1971 una pensión por el fallecimiento de su esposo, ocurrido mientras éste se desempeñaba en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Después de que se le concedió el beneficio, la actividad de su ex marido fue incorporada al ámbito de la Ley 22.955, que establecía un sistema diferenciado del régimen general para calcular el haber del beneficio, consistente en 82% móvil del sueldo en la administración pública.
Por esa razón, la mujer inició una demanda, pero la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el pedido por entender que la demandante había solicitado la inclusión en el sistema con posterioridad a su derogación por la Ley 23.966 de 1991.
Finalmente, ayer la Corte presidida por Enrique Petracchi ordenó a la ANSeS que determine nuevamente el haber inicial de la pensión porque no podía ser privada de ello, sin menoscabo de garantías constitucionales.
