Fallo de la Corte frenará construcción

«El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre accidentes de trabajo frenará inmediatamente la industria de la construcción en el país.» Entre las numerosas advertencias que le hicieron ayer los máximos dirigentes empresariales al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ésa fue la más significativa. Sucede que, de aplicarse la controvertida decisión del tribunal, las consecuencias sobre toda la economía serán gravísimas. Por sus particulares características, la construcción es uno de los sectores de la economía históricamente más castigados por la industria del juicio. Pero no es el único: el Grupo de los Siete -que reúne a industriales, comerciantes, banqueros y el campo-le explicó al gobierno las catastróficas consecuencias que también se ciernen sobre las pymes y el consecuente reflejo en la pérdida de empleo. Preocupante, sin duda.

Alberto Alvarez Gaiani

Los empresarios argentinos queremos ser claros: estamos a favor de la previsible cobertura de los riesgos del trabajo.» Así comienza el comunicado que emitió el Grupo de los Siete -que nuclea a otras tantas entidades empresariales- luego de su reunión de ayer con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Sin embargo, donde ahora hay un «punto aparte» hasta ayer a las siete de la tarde había una coma, seguida de un párrafo que decía «pero en contra de la industria del juicio».

La desaparición de esa parte del texto -que suavizó un comunicado que, de todos modos, conservó un tono de inusual dureza- fue en respuesta a un pedido de Tomada, que lo solicitó como «muestra de buena voluntad». Después, hubo promesas de que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso para aliviar los efectos del fallo de la Corte Suprema que elimina los topes a las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Y que, además, se atenderán las propuestas de los empresarios para confeccionar ese anteproyecto.

El encuentro había sido pedido por los dirigentes empresariales al funcionario -que asistió acompañado de su viceministra Noemí Rial-para hacerlesaber de primera mano al Ejecutivo la profunda preocupación que provocó en el sector la sentencia del alto tribunal. Al conciliábulo concurrieron los presidentes Alberto Alvarez Gaiani (UIA), Carlos Wagner (Cámara Argentina de la Construcción), Carlos de la Vega (Cámara Argentina de Comercio), Luciano Miguens (Sociedad Rural), Benito Legeren (Confederaciones Rurales) y Julio Werthein (Bolsa de Comercio), más el director ejecutivo de ADEBA, Norberto Peruzzotti (en ausencia de Jorge Brito, de viaje) y el laboralista Daniel Funes de Rioja. Tal como adelantara este diario los dirigentes no llevaron a Tomada propuestas concretas para zanjar lo que calificaron de «profundo clima de inseguridad jurídica» provocado por la sentencia del máximo tribunal. «Queríamos escuchar qué piensa el Ejecutivo sobre el tema», dijo a este diario uno de los participantes de la reunión. La única idea más o menos definida fue la que acercó Wagner, seguramente porque su sector -por las propias características de su actividad es el más propenso a padecer las consecuencias del fallo de la Corte.

El constructor -con numerosas obras en la Patagonia y en particular en Santa Cruz-esbozó la posibilidad de que se aplique en el país el «modelo brasileño»; según trascendió, Wagner dijo que en ese país el gobierno retiene 3% sobre los salarios para conformar un fondo de crisis, con el que atiende las indemnizaciones que superan montos que pueden pagar las empresas, y que son fijados por la Justicia civil. Tomada prometió estudiarlo, pero no se manifestó a favor de aplicar un nuevo descuento (o carga social, según sea quien deba pagarese 3%) sobre el salario. Lo que es un hecho es que el fallo (de no revertirse) frenará en seco cualquier atisbo de proyecto de construcción en el país, lo que es gravísimo por su carácter de «madre de industrias».

Alvarez Gaiani abrió el cónclave con una apelación a terminar con la sensación de « imprevisibilidad jurídica, que afecta sobre todo a las pymes». Después hablaron Wagner y De la Vega; los ruralistas y el banquero permanecieron en silencio. Entre cafés y agua mineral, el encuentro duró poco más de una hora, buena parte de la cual fue utilizada por Funes de Rioja para explicar las funestas consecuencias del fallo de la Corte, «que nos tomó totalmente de sorpresa: no esperábamos nada parecido». Uno de los dirigentes agregó que -según su visión del tema-«la Corte parece haber legislado más que fallado sobre una cuestión concreta». Pero si esperaban alguna solidaridad del Ejecutivo, el ministro se encargó de desbaratar esa ilusión: «Somos muy respetuosos de la división de poderes, y acatamos los fallos de la Corte». Esto no obstará, sin embargo, para que el gobierno elabore un proyecto de ley para tratar de atemperar las consecuencias del fallo, imponiendo -por caso-topes a las indemnizaciones y elevando los que rigen en la actualidad por la ley de ART.

«No habrá decreto de necesidad y urgencia, porque estuvimos de acuerdo -entre nosotros y con el ministroque es una norma demasiado endeble, susceptible de ser 'bajada' por cualquier juez», admitió otro dirigente empresario.

La despedida llegó con Tomada pidiéndoles a los empresarios que le acerquen un proyecto de ley; ellos prometieron hacerlo, a pesar de que Alvarez Gaiani y Funes de Rioja viajarán hoy a Costa Rica para participar allí de una reunión de entidades empresarias de Iberoamérica. No se descarta que les expliquen a sus pares del continente, de España y de Portugal, cómo muchas pymes corren peligro de desaparecer en virtud de la resurrección de la industria del juicio. En ausencia de Funes, serán sus colegas Horacio Martínez y Juan José Etala (dirigentes de la UIA) quienes comiencen a trabajar sobre un anteproyecto que deberá superar las reservas del Ejecutivo y las horcas caudinas del Legislativo.