Falta una política más agresiva de vivienda

Los nuevos barrios FONAVI (en la foto, Córdoba) prevén unidades de menor superficie, a un costo de construcción de $ 9 mil.

En la actualidad, el déficit habitacional estimado a nivel nacional alcanza a 3 millones de viviendas, de las cuales entre 700 y 800 mil unidades deberían ser reemplazadas, mientras que las restantes son recuperables. A su vez, existen unas 300 mil viviendas rurales deficitarias (ranchos).

El último quintil de la población, que gana menos de 230 pesos mensuales por núcleo familiar, representa 50 por ciento de ese déficit, es decir, hay 1,5 millón de familias con una situación deficitaria de vivienda y con una entrada mensual inferior a los 230 pesos mensuales.

Para ese segmento de la población, las provincias y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) intervienen vía la ayuda mutua, el esfuerzo propio, la entrega de materiales o la combinación de entrega de materiales con mano de obra del plan Trabajar. El gobierno nacional, por su parte, tiene un programa denominado «Mejoramiento habitacional de infraestructura básica», también conocido como Programa 17, que apoya las proyectos de soluciones habitacionales.

Las soluciones habitacionales pueden incluir una vivienda básica, una unidad mínima, o bien el agregado de un dormitorio, o la reparación de una vivienda a fin de hacerla más habitable, o hasta un cambio de techo. El programa en cuestión se desarrolla a través de los municipios y de las ONG's y, para 1999 los fondos disponibles fueron reducidos, al igual que en el 2000. Se trata de un aspecto que, en gran medida, depende de lo que el gobierno nacional pueda aportar para atender a ese sector de muy bajos ingresos. Lo ideal es que exista una política de vivienda para todos los sectores de la sociedad. Al respecto, el denominado quinto quintil, con ingresos familiares del orden de los 2.800 pesos mensuales hacia arriba, no necesita ningún tipo de apoyo estatal. Por el contrario, a partir de ese monto hacia abajo todos los segmentos de la población requieren algún grado de apoyo, ya sea creando condiciones macroeconómicas para favorecer la oferta de créditos o subsidiando. En las últimas franjas, precisamente, es donde falta mayor comprensión general para tener una política más agresiva y volcar más recursos. El crecimiento vegetativo se aproxima casi a la cifra de viviendas que se construye por año en el país, de allí que el déficit se haya mantenido. La cifra del déficit mencionada previamente incluye las viviendas inadecuadas y también algunas unidades que registran faltantes.

Puede ocurrir, por caso, que en una familia de clase media: un hijo se casa y tiene un hijo, y todos siguen viviendo en el mismo cuarto, entonces se va a registrar lo que se denomina hacinamiento de hogares.

En otros casos se registra el denominado hacinamiento de personas, que ocurre por ejemplo cuando en dos piezas viven diez personas unidas por vínculos de hermandad, parentesco o amistad, que constituyen un núcleo único. Este fenómeno podría no aparecer como déficit ya que ese núcleo tiene vivienda. Sin embargo, necesariamente debe interpretarse como déficit.

En otro orden, el FONAVI
-un fondo creado para solucionar el problema de los sectores de bajos recursos- se fue distorsionando con el transcurso de los años. Los beneficiarios empezaron a no pagar y los institutos, por su parte, no reclamaron. Así, el balance para diez años de gestión arrojó 9.000 millones de pesos en gastos del FONAVI y la construcción de 300 mil viviendas, a un promedio de 30 mil pesos por unidad. Eso no impidió, sin embargo, que algunas provincias construyeran viviendas de bajo costo.

(*) Subsecretario de Desarrollo Urbano Vivienda de la Nación