Fijan hoy gobernadores del PJ dura posición contra recortes

Los gobernadores del justicialismo y de la Alianza, en pie de guerra, coincidieron en las críticas a los recortes a los fondos fiscales que se reparten en la Nación. Por ello se reunirán hoy y mañana en esta Capital Federal para discutir la propuesta que le elevarán al gobierno ante el recorte que se les viene. Los 14 del peronismo lo harán hoy en la delegación de la provincia de Salta, acompañados de sus ministros de Economía y Fiscales de Estado, por la eventualidad de tener que recurrir a la Justicia en el reclamo. Los de la Alianza lo harán mañana en la casa de la provincia de Entre Ríos. Todos pensando en cómo explicar en sus administraciones que los aportes de la Nación llegarán en cuentagotas, cuando lleguen, mientras falta un mes y medio para la elección del 14 de octubre.

Los peronistas intentarán convencer a Domingo Cavallo que soslayar lo establecido en la ley de Coparticipación Federal -que es una ley convenio aprobada a su vez por las legislaturas provinciales-, es un delito y una violación a los deberes del funcionario público. Un argumento parecido al que esgrimirán los de la Alianza UCR-Frepaso.

A la cabeza de la provincia con mayores problemas financieros, Carlos Ruckauf aseguró ayer que los mandatarios del PJ «usaremos todos los mecanismos legales para evitar cualquier modificación a la ley» de Coparticipación Federal. «La posición de todos es impedir cualquier modificación a la ley vigente, y entendemos que los de la Alianza piensan lo mismo», sostuvo en La Plata.

Subrayó, a una pregunta de este diario, que a sugerencia del gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, los mandatarios se reunirán «con asesores jurídicos y económicos para ver cuáles son las acciones que los gobernadores pueden tener desde el punto de vista de tutelar los derechos de los ciudadanos de sus provincias ante cualquier avance de la Nación sobre los fondos federales».

«Además de los 1.700 millones que las provincias ya le hemos cedido a la Nación en impuestos desde que asumió De la Rúa para que pudiera reactivar la economía, con un resultado que no es el esperado, tenemos una cesión de impuestos de otros 8.000 millones en el próximo cuatrienio», precisó. Señaló que el gobierno «decidió sin embargo aumentar impuestos y como dijo el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, no nos coparticipan, por ejemplo, el impuesto al cheque, que clara-mente es un adelanto sobre otros impuestos que son coparticipables y en consecuencia ese adelanto tendría que serlo».

• Rozas

También el gobernador chaqueño, el radical Angel Rozas -preparando el terreno para la cita que reunirá mañana a los mandatarios de la Alianza UCRFrepaso-, manifestó que no se puede avanzar en el objetivo del déficit cero con «políticas de shock», y ratificó la vigencia de los pactos fiscales.

Rozas aumentó la apuesta al afirmar que no tendrá «ningún inconveniente» en reunirse con los gobernadores del PJ y emitir «un documento común» en contra del recorte a los fondos coparticipables. «Si esto beneficia a la gente yo no tengo ningún inconveniente por lo menos personalmente en juntarme con los justicialistas y emitir un documento común» desafió.

Los gobernadores del PJ y de la Alianza ya habían coincidido en señalar que cualquier modificación, además de pasar por el Congreso, «pone la gobernabilidad en riesgo». Los mandatarios trataron así de salir al cruce de la intención de Cavallo de dejar sin vigencia los pactos -que reparten una suma fija de $ 1.364 millones mensuales-y distribuir, en cambio, una suma variable de acuerdo con la recaudación.

Como en cuestión de argumentos, todos tienen uno, Cavallo también hizo el suyo. El ministro de Economía sostuvo que el piso determinado por los pactos era garantizado a través de los créditos que gestionaba la Nación, que dejó de recibir, por lo cual se implementó el programa de déficit cero.

Por ello anunció que Economía sólo se regirá por la Ley de Coparticipación y que girará a las provincias lo que recaude en concepto de impuestos.

El cordobés José Manuel de la Sota fue quien dijo que el gobierno cometería «delito» y los «funcionarios estarían violando los deberes de funcionario público» si se modifican en forma unilateral los acuerdos federales.