El presidente Eduardo Duhalde firmará hoy el decreto que establece una nueva instancia administrativa para evitar ejecuciones. La norma estipula que el procedimiento podrá ser utilizado en el caso de deudas hipotecarias de hasta 50.000 dólares en origen, siempre que se haya cancelado 20% del capital, y por PyMEs. Para el primer caso, la autoridad de aplicación de la mediación extrajudicial será el Ministerio de Trabajo y, en el segundo, el Ministerio de la Producción. La normativa establece que este procedimiento será «estrictamente voluntario» y que tampoco afectará los plazos de la Justicia. De esta forma, se busca contentar al mismo tiempo a los deudores al borde de la ejecución y también, al Fondo Monetario Internacional. El problema es que el acuerdo firmado con el FMI hace apenas diez días dispone taxativamente que cualquier procedimiento vinculado a la renegociación de deudas no puede alterar el procedimiento judicial vigente en la actualidad. La Argentina está pagando un alto precio por haber modificado el año pasado la Ley de Quiebras. Ahora se teme que este proyecto también genere protestas de acreedores, aunque tiene un alcance mucho más limitado.
En la práctica, la medida significa darle una nueva chance al deudor moroso para acordar con su acreedor las nuevas condiciones de pago.
Estarán comprendidos dentro de este universo los que tomaron deuda en el sector financiero y por afuera de él (escribanías, mutuales, inmobiliarias, etc.).
La iniciativa terminó de ser redactada ayer por los ministerios de Trabajo (que concentrará las cuestiones vinculadas a los individuos) y de la Producción (que se ocupará de las PyMEs).
Ambas carteras crearán una Unidad de Emergencias Legales (UEL), que intervendrá -tanto a solicitud del deudor o del acreedor- en los casos de ejecuciones. También deberán disponer en cada provincia la representación ante la cual los deudores o acreedores tendrán que presentarse. De esta forma, no se acudirá a mediadores profesionales, sino a funcionarios de dos ministerios nacionales sin experiencia en este tipo de actividades.
En el caso de los deudores hipotecarios, la normativa abarcará créditos que lleguen hasta los $ 50.000, equivalentes a 50.000 dólares en el origen y luego pesificados «uno a uno» en febrero del año pasado. Además, el deudor deberá haber cancelado al menos 20% del capital del crédito para tener derecho a la mediación y presentar un plan factible de pagos para el futuro.
Este decreto implica un nuevo intento del gobierno por atrasar los procesos de ejecuciones, aunque con limitaciones. Sólo podrán beneficiarse los deudores más pequeños y empresas chicas.
El proyecto que firmaría hoy el presidente, Eduardo Duhalde, tiene algunas cuestiones poco precisas. No se establece si el sistema es realmente de aceptación voluntaria o si lo voluntario es -en realidad- la posibilidad de solicitar el mecanismo.
La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, señaló que «en el plazo de una semana estaremos dando a conocer la reglamentación final de este sistema para que ya pueda ponerse en marcha. Buscamos que sea una alternativa que resulte viable para las partes».
También dispone que el procedimiento de mediación «en ningún caso significa la suspensión ni interrupción de los plazos procesales en la instancia judicial o extrajudicial de ejecución». De esta forma, se busca cumplir con una exigencia del FMI que figura en el memorando de entendimiento, en la cual se estipula la prohibición de modificar plazos procesales.
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