Por otra parte, algunas de las compañías sostienen que «es necesario volver a la normalidad y que el negocio se maneje por las leyes del mercado». Según este razonamiento, no es conveniente que se acumule un importante crédito a favor de las productoras por la diferencia entre el precio internacional del petróleo y el que se cobra en el mercado interno por el convenio, que es de 28,5 dólares por barril.
«Si el convenio para vender el petróleo a un valor fijo a las refinerías se mantiene por mucho tiempo, las cuentas de debe y haber entre las partes, pueden hacerse muy complicadas, además del problema político que puede suscitarse cuando se sigan manteniendo los precios de las naftas y el gasoil, en el momento en que el petróleo baje, hasta que se salde el crédito a favor de las productoras».
Desde el punto de vista del gobierno, tanto Devoto, como el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, manifestaron interés en que los convenios lleguen hasta el 30 de junio.
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