Firman hoy decreto para frenar fallos contra el "corralito"

Eduardo Duhalde le pondrá hoy la firma al demorado decreto de necesidad y urgencia que intentará frenar la salida de los depósitos del «corralito» y que amenazan con desfondar el sistema financiero a golpes de decisiones judiciales.

El decreto crea una segunda instancia judicial por sobre la decisión de los jueces. En esa nueva instancia será escuchado el Estado como parte luego de que los jueces reconozcan la propiedad del dinero depositado. La palabra final la tendrá la Corte Suprema Justicia, tribunal con el cual el gobierno avanza en el proceso de pacificación.

El gobierno parece haber logrado ya que la Corte refuerce la posición de que no es posible que los bancos sigan entregando depósitos con la sola autorización de un juez de primera instancia.

• Unificación

El decreto que podría publicarse mañana unifica todo el circuito judicial que deberán seguir los trámites de los depositantes que logran amparos judiciales que drenan cerca de $ 70 millones por día del sistema financiero.

Esos amparos son concedidos bajo el paraguas de la acordada de la Corte Suprema de febrero pasado que dictaminó que el «corralito» es inconstitucional porque viola el derecho de propiedad.

El decreto fue firmado el viernes por Jorge Remes Lenicov y hoy terminará de rubricarse con la firma del resto del gabinete de manera de que comience a regir desde mañana, salvo que aparezcan reproches técnicos de última hora. La norma reconocerá dos instancias para tratar los reclamos de los depositantes: el eventual amparo judicial reconocerá el derecho de propiedad sobre los depósitos pero el banco no estará obligado a devolverlo automáticamente al depositante.

El decreto crea una segunda instancia en la cual deberá ser escuchado el Estado, es decir el Banco Central, que seguramente informará la imposibilidad del sistema de devolver dinero sin romper la ecuación del negocio bancario.

Los amparos judiciales que hoy están obligando, so pena de cárcel para los gerentes de las entidades, a devolver dinero del «corralito» y también del «corralón» (depósitos reprogramados hasta que se complete el circuito de devolución de préstamos concedidos contra el dinero captado) atentan contra la estabilidad del sistema financiero. Esta segunda instancia reconocerá la propiedad de esos depósitos, los pondrá a disposición de los ahorristas pero no para que se los lleven cuando quieran.

Esta instancia de escuchar al Estado en el trámite prevé que la resolución final la tome la Corte Suprema de Justicia, usando la facultad del per saltum que consagró la ley de emergencia de enero pasado, que ponía todos los trámites en esa condición de ir a la Corte.

El gobierno se inspira para este decreto en las señales que dice haber percibido desde la Corte de que respaldará el freno al dinero depositado en los bancos, en particular ante la demanda de la provincia de San Luis (ver nota en Contratapa).

También el gobierno avanza en este DNU del «corralito» por pedido de los delegados del FMI que han reclamado por escrito en todos los documentos y verbalmente en todas las reuniones que mantuvieron en Buenos Aires.

• Fundamento

No puede haber una política monetaria, es el argumento que se usa para fundamentar el decreto, si el sistema tiene un drenaje de cerca de $ 70 millones diarios.

En un cálculo informal que maneja el gobierno la suerte del sistema bancario, de seguir la salida de fondos, puede jugarse en un plazo de 30 días a menos que se imponga un freno.