Por primera vez en cinco años, el primer trimestre cerró con balance positivo para las economías provinciales. Traducido en números, esto significa que en ese período de 2003 los 23 distritos y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un superávit fiscal primario de $ 420 millones. La cifra difundida ayer por el ministerio vale siempre y cuando no se tome en cuenta el pago de intereses de deuda, ya que en caso de que se lo compute el resultado financiero termina siendo de unos $ 147 millones. Sin embargo, para las provincias la buena noticia se vio opacada tras conocer la decisión del Poder Ejecutivo que precisamente ayer vetó un artículo de la Ley 25.736, sobre financiamiento para el rescate de cuasi monedas, que establecía un fondo de $ 150 millones para aquellas provincias que suscribieron el Pacto Fiscal y no emitieron bonos, y otros $ 100 millones a las que no suscribieron este acuerdo.
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El veto se fundamentó en que «significaría un tratamiento desigual» en el trato de Nación con las provincias, en tanto que el resto de la norma fue aprobado. Con respecto al resultado superavitario, la cartera de Economía nacional destacó que las cifras obtenidas «mejoran entre $ 100 y $ 500 millones las proyectadas como metas indicativas en el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional».
Desde el gobierno destacaron que las provincias no alcanzaban un resultado financiero superavitario «desde el primer trimestre de 1998, lo cual muestra el esfuerzo de saneamiento fiscal de los gobiernos provinciales». Asimismo, se señala que estos resultados favorables se sustentan en un aumento de 40 por ciento de los recursos tributarios provinciales respecto de la meta acordada en el marco del Pacto Fiscal o Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) 2003 de las fuerzas provinciales.
El PFO 2003 es una continuación de los programas suscriptos el año pasado a través del cual las provincias se comprometen a sanear las finanzas públicas -tendiente a alcanzar déficit cero-, no emitir más cuasi monedas y no tomar nuevo endeudamiento. Cabe recordar que Duhalde facilitó a provincias la tarea de eliminar el tope que Machinea había puesto a la transferencia a provincias, al rescatar cuasi monedas y al hacerse cargo de la deuda de cada una de ellas.
En contrapartida, el gobierno nacional debe proveer el financiamiento para que atiendan los compromisos financieros, incluyendo amortización de deuda y la reprogramación de los vencimientos con los organismos internacionales.
A través del Decreto 297 del 19 de febrero de este año, el Poder Ejecutivo determinó que la asignación monetaria máxima que el Estado Nacional dará a las provincias para sanear sus déficit durante este año es de $ 3.052 millones.
Por su parte, ese decreto también establece la aplicación de un régimen de penas financieras para aquellos distritos que no cumplan con los requisitos del PFO. Esto significa que en caso de que algún gobierno contraiga nuevas deudas o emita nuevos títulos, deberá responder con multas que serán cobradas de los fondos de su propia coparticipación federal impositiva.
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