La revisión del programa económico por el FMI del próximo 20 de febrero reflota un debate clave de la Argentina pos-devaluación: los auditores han pedido que se modifique el régimen de protección a las empresas productoras de bienes culturales, es decir, las de medios y entretenimientos, que sancionó el Congreso el año pasado. Esa ley limita la participación de capital extranjero en esas empresas a 30%, una medida que se votó como forma de protección ante acreedores, pero que redunda en beneficios discutibles. También insistirá en la eliminación del impuesto al cheque, la coparticipación federal la auditoría de bancos públicos.
Pero si bien se reintrodujo la figura del «cram down», es decir, la posibilidad de que los acreedores de una empresa terminen quedándose con la compañía en caso de deudas impagas, luego el Congreso votó una ley para exceptuar a las empresas culturales, entre ellos, medios periodísticos.
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