Estrategas del Fondo no quieren un acuerdo a largo plazo con la Argentina (máximo 10 años)

Economía

Salvo alguna intervención milagrosa por arriba en el board del organismo financiero internacional, que implique quebrar todas las reglas; el FMI se mantendría firme en su posición de aplicar los límites temporales ya establecidos en su estatuto. 

No podrá ser. La intención del “ala política” del Gobierno de conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de largo plazo (20 años); parece ser imposible.

Salvo alguna intervención milagrosa por arriba en el board del organismo financiero internacional, que implique quebrar todas las reglas; el FMI se mantendría firme en su posición de aplicar los límites temporales ya establecidos en su estatuto.

Este indica que para los acuerdos del tipo “Facilidades Extendidas”, sólo se pueden autorizar planes de pagos de entre 7 y 10 años. Y, para el caso de países complicados y poco confiables (como Argentina), los tiempos deben ser más cercanos a 7 que a 10.

Hay algo peor. El país deberá contabilizar los tiempos desde el mismo momento en que se firme el eventual acuerdo con el FMI, aunque los pagos comiencen años después. Por ejemplo, si Argentina cerrara el acuerdo en mayo (fecha límite para no entrar en default con el Club de París), en el mejor de los casos los plazos de pago se extenderían hasta mayo de 2031; pero con mayores posibilidades de conseguir un cronograma de plazos menores.

Entre 2028 y 2029. Si Argentina lograra no pagar hasta el fin del mandato de Alberto Fernández como propone Martín Guzmán, los primeros pagos de capital más intereses comenzarían en el primer trimestre del 2025; con lo cual habría entre tres y cinco años para liquidar los u$s44.800 millones que se le deben al FMI. Haciendo números crudos, serían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales de pagos obligatorios si el país no quiere perder su status en el Fondo y, eventualmente, la alternativa de nuevos créditos.

Además de no caer en default y sufrir castigos impensados en el mercado financiero internacional. Los negociadores argentinos saben que ese nivel de pagos es imposible de afrontar para el país, pero piensan en alternativas.

Como planes de refinanciación del propio FMI para ir pedaleando los pagos y tener que ejecutar contablemente los giros de dinero. Lo que queda muy lejos de las posibilidades del Gobierno con un esquema de este tipo, será la alternativa de pagar al contado toda la deuda antes de tiempo; tal como lo ejecutó Néstor Kirchner en 2005, cuando liquidó en una sola cuota la deuda de u$s9.800 millones que se le debía al organismo. Y que, según los estados contables del país, se pagó con un año de exportaciones de soja al precio de aquellos tiempos.

Este panorama algo preocupante fue dejado en claro en las primeras jornadas de negociaciones entre Argentina y los hombres y mujeres del FMI; todas, por ahora, concretadas de manera virtual. Desde Washington se ratificó en la semana que el país está discutiendo un “Facilidades Extendidas” y que este tipo de acuerdo tiene reglas claras y firmes que no pueden ser alteradas. O que, al menos, no está en potestad ni de ellos ni de su jefe, el mexicano cordobés Alejandro Werner, poder alterar las reglas y determinar plazos mayores a los 10 años.

Y que si bien se puede discutir el margen de pago de algunos años de libertad (dos o tres contabilizando desde 2021), luego las liquidaciones debían concentrase en los tiempos restantes.

No lo mencionan ni Luis Cubbedu (el responsable del caso argentino) ni Julie Kozac, la número dos de Werner; ambos encargados de las negociaciones. Tampoco apareció aún Werner desde las pantallas que transmiten desde Washington.

Pero se deja en claro que cualquier otra situación sobre los términos del “Facilidades Extendidas”, tendrán que ser negociadas a niveles políticos más altos. Aun por encima quizá de la propia directora gerenta del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva.

Esta posición dura choca con las intenciones del “ala política” del Gobierno nacional, donde no militan precisamente los hombres de Martín Guzmán. Según lo que buscan desde otros sectores del oficialismo (no necesariamente desde el Ejecutivo), es que el plan que se firme con el FMI; tenga flexibilidades inéditas y máximas según la historia del organismo financiero.

La intención de los hombres del Gobierno es que el país no tenga que pagar más de u$s2.000 a u$s3.000 millones anuales desde el comienzo del plan de pagos; lo que determinaría que el acuerdo debería tener un plazo de vigencia de aproximadamente 20 años. Esta era la intención del equipo económico en un primer momento. En términos técnicos, un esquema de este tipo directamente no existe en los anaqueles del Fondo Monetario, con lo que sólo una decisión política del mayor nivel podría permitir el análisis de la alternativa.

Y por, mayor nivel, debe entenderse a los propios accionistas del FMI; donde el mayor porcentaje y la llave de cualquier acuerdo, pasa por la decisión de Estados Unidos al ser el país que más dinero aporta anualmente. Y para conocer esta posición habrá que esperar a que el próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asuma el manejo de la Casa Blanca.

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