France Telecom deberá devolver entre €800 millones y €1.100 millones

La Comisión Europea (CE) concluyó hoy que la derogación de tasas profesionales de que se benefició France Telecom (FT) entre 1994 y 2002 constituye una ayuda de estado ilegal, por lo que el operador de telecomunicaciones habrá de reembolsar "entre 800 y 1.100 millones de euros" más los intereses.

Además, el regulador europeo constató "elementos de ayuda" en las declaraciones de apoyo a la compañía del Gobierno francés en 2002 y en una posterior línea de crédito público de 9.000 millones no utilizada, pero no pedirá el reembolso de los beneficios derivados.

En un comunicado, la CE explicó que FT se benefició entre 1994 y 2002, de "condiciones particulares" en su régimen de tasas profesionales, que deben considerarse ayudas públicas ya que el Estado "renunció a percibir" parte de los impuestos correspondientes.

El regulador europeo situó la cantidad ahorrada por la empresa en una horquilla entre 800 y 1.100 millones de euros.

La fórmula inusual para determinar la ayuda percibida se explica en que "el Gobierno francés una vez comunicó 1.100 millones y otra vez, 798 millones", según aseguró el comisario europeo de Competencia, Mario Monti.

No obstante, la prensa francesa se hizo eco hoy de un supuesto pulso interno en la CE entre la pretensión de Monti de fijar la cantidad en el máximo de la horquilla y la opinión de los comisarios franceses Pascal Lamy y Jacques Barrot, de no superar los 800 millones.

En cualquier caso, el reembolso estará entre los más altos jamás reclamados por la Comisión Europea.

El precedente más cercano son los 888,8 millones de euros - fijados finalmente con la suma de intereses en 1.200 millones- que la CE exigió devolver a la compañía eléctrica francesa EDF en diciembre de 2003.

En una rueda de prensa, Monti recalcó que la decisión fue adoptada por "consenso" y añadió que "el montante preciso", al que habrá que añadir los intereses derivados, "será determinado por la Comisión en el marco del proceso de devolución de las ayudas".

El plazo para hacerlo será de dos meses, según precisó a EFE el portavoz de Competencia de la CE, Tilman Lüder.

Sea cual sea la cifra final, será previsiblemente contestada por la propia compañía, que, el pasado viernes, afirmó que el impacto global del régimen fiscal desde 1990 fue "una sobre-imposición de 1.700 millones de euros", y avanzó su intención de recurrir ante el Tribunal de la UE la decisión comunitaria.

En paralelo, la CE consideró que la línea de crédito por valor de 9.000 millones de euros que el Estado francés ofreció a France Telecom en diciembre 2002 "contiene elementos de ayuda de Estado".

Argumentó que esta línea, aunque no llegó a ejecutarse en la práctica, creó una "carga potencial suplementaria" sobre las arcas públicas -recaía en la entidad estatal ERAP- y tuvo por efecto una mejora "significativa de la situación financiera del operador".

Además, apuntó que el impacto de la medida debe evaluarse "en el contexto de las declaraciones" que el Gobierno francés, y más concretamente su ex ministro de Finanzas Francis Mer, realizaron entre "julio y diciembre de 2002" y en las que prometía que el Estado no permitiría la quiebra de la compañía.

Para la CE, estas declaraciones "crearon un efecto de expectativa y de confianza" sobre el futuro del operador en los mercados financieros y "mantuvieron" la nota que le atribuían las agencias de calificación.

"En ausencia de estas declaraciones, ningún inversor informado habría hecho aportaciones de accionista que suponían asumir en solitario un riesgo financiero muy importante", subrayó la CE.

No obstante, Bruselas no pedirá el reembolso de los beneficios derivados, dado que "se trata de la primera vez que ha tenido que examinar este tipo de ayuda".

En cambio, el Ejecutivo comunitario desestimó la denuncia de Bouygues Telecom, que consideró que el Gobierno francés habría beneficiado a Orange -filial de FT- y a SFR -de Vivendi- durante la concesión de las licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS).

Indicó al respecto que una directiva de 1997 confiere "en exclusiva" a los Estados miembros la definición de "las condiciones de atribución de licencias UMTS".