Fuego cruzado entre Santa Fe y Mercado Libre: denuncias vinculadas al narco y réplica sobre la voracidad fiscal

Mercado Libre anunció la suba de la carga tributaria de los productos vendidos en Santa Fe y el Gobierno denuncia "represalia" por un pedido a la empresa para que realice "controles elementales" sobre a quienes entrega point, ya que encontraron estos dispositivos en bunkers narco.

Marcos Galperin y Maximiliano Pullaro.

Tras el anuncio de Mercado Libre sobre el cambio de los cargos en los productos vendidos en plataformas, diferenciados por provincia a partir del próximo 8 de julio en función del peso que tiene el impuesto a los Ingresos Brutos en cada jurisdicción; desde la gobernación de Santa Fe recogieron el guante y desmintieron que se haya incrementado la carga tributaria para la plataforma y acusaron a la compañía de "facilitar indirectamente las transacciones de los narcos". Desde la empresa de Marcos Galperín adujeron que responde "exclusivamente" a la suba del impuesto establecido por la ley Fiscal 2025.

Desde la empresa líder de venta electrónica argentina anunciaron un aumento de los costos de la carga tributaria en la provincia de Santa Fe, entre otros distritos. La medida tiene la intención de “transparentar el impacto real de los tributos provinciales” que deben afrontar vendedores y usuarios, según explicaron desde la empresa.

"Es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta online. Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios", apuntó el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.

Además, el funcionario recalcó que el gobierno de Santa Fe le pidió a Mercado Libre que "realice controles elementales a quienes les entrega dispositivos point, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos" y lanzó: "Mientras Mercado Libre facilita indirectamente las transacciones de los narcos, el Estado de Santa Fe debe destinar recursos de Ingresos Brutos para financiar las políticas de seguridad".

Es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta on line.

Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios.

Este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio… https://t.co/ZaAJV3mSfR

— Pablo Olivares (@polivares3) July 2, 2025

En esa línea, Mercado Libre respondió con otro comunicado, rechazando "enfáticamente" las acusaciones y subrayando que "desvían la discusión con afirmaciones infundadas contra Mercado Libre". A su vez, reclamó que colaboran activamente con las autoridades federales, provinciales y municipales para prevenir delitos y garantizar la trazabilidad.

"La adecuación de costos en las plataformas responde exclusivamente a la suba de Ingresos Brutos establecida por la Ley Fiscal 2025 de Santa Fe, que encarece la actividad de miles de emprendedores, pymes y comercios locales", manifestaron desde la empresa de Galperín. "Difamar no reduce Ingresos Brutos", cerró el comunicado de Mercado Libre.

Voracidad fiscal: IIBB es el segundo impuesto más problemático

Si bien el impuesto más cuestionado es el IVA, que recae sobre todas las transacciones, el segundo más problemático es Ingresos Brutos (IIBB) que cobran los gobiernos provinciales.

"La estructura impositiva argentina es percibida como una barrera, no solo por la sociedad en general, sino en particular por los comerciantes y los emprendedores. No solo se percibe una carga impositiva alta, sino la idea de que gestionar el pago de impuestos es también muy costoso para quienes venden productos y servicios", destaca un informe de Taquion.

En ese sentido, el 52% de los argentinos consideran injusto que IIBB se cobre solo por factura, sin importar si el negocio tiene ganancias o no. Entre los argumentos, se destaca que se considera un impuesto distorsivo porque encarece productos y servicios (40%), y desalienta las ventas (33%). Aunque un 27% lo encuentra razonable para quienes facturan mucho y otro 15% lo considera necesario para financiar servicios públicos esenciales.

Este impuesto, según el 58% de los encuestados, se traslada directamente a precios, aunque un 22% afirma que se traslada una parte y la otra es absorbida por el comercio y un 15% no tiene opinión formada. Solo un 5% cree que no se traslada a los precios finales.

Sobre cómo afecta a la actividad, "los vendedores afirman que se reduce su ganancia por cada venta, los obliga a subir precios y les genera mayor burocracia" y el 71% de los encuestados consideran que "las alícuotas son demasiado altas".

Uno de cada dos encuestados cree que impacta negativamente en la economía de las provincias, afectando la competitividad y encareciendo los precios.