El gobierno tuvo que aceptar una suba de más de 25% para los petroleros de Santa Cruz, para evitar una huelga de ese gremio que amenazaba con disminuir más la oferta de gas a industrias además de representar una nueva amenaza de protestas en la provincia del Presidente. Así, el sindicato, que agrupa a 5.000 trabajadores consiguieron el aval oficial a su demanda a cambio de dejar de lado las medidas de fuerza que habían anunciado para esta semana, y en los próximos días firmarán en el Ministerio de Trabajo, que dirige Carlos Tomada, un acuerdo por la mejora de sueldos.
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Pero el gremio que dirige Héctor Segovia no sólo logró un aumento salarial de 25% retroactivo a mayo y escalonado hasta setiembre, sino que además consiguió una mejora en el pago del curioso ítem «bonificación por paz social», que pasará desde de 350 a 420 pesos; y en las viandas y tickets, que irá de 28 a 35 pesos diarios.
Desde los salarios de junio, que se liquidan desde esta semana, los petroleros santacruceños cobrarán un incremento de 15%, que en setiembre será de otro 10%; en todos los casos dentro del salario básico, lo que también corresponde una novedad para el resto de las paritarias que ya cerraron, ya que en general los incrementos acordados rondan 16% o 17% nominal y el resto como «no remunerativo» (fuera del básico), hasta llegar a un promedio de 22% total. Los petroleros privados de Santa Cruz lograron 25% nominal, y otro 5% general como no remunerativo.
En este último ítem se incluye el alza del capítulo «bonificación de paz social», un pago que figura desde abril de 2006 y que el gremio logró luego de los incidentes de febrero de ese año cuando, como consecuencia de una protesta sindical por la suba del mínimo no imponibledel Impuesto a las Ganancias terminó asesinado el suboficial de la Policía Jorge Sayago. En ese momento se decidió un pago no remunerativo de 350 pesos, para que los sindicalistas privados abandonen las huelgas y que así se aplicó la violencia; dinero que desde ahora pasa a 420 pesos.
Urgencia
Estos aumentos deberán ser afrontados por las propias compañías privadas y sus tercerizadas, entre las que se encuentran Repsol YPF, Petrobras, Panamerican Energy, Chevron y Tecpetrol (Techint), entre otras. En realidad, el acuerdo entre el gobierno nacional y los petroleros de Santa Cruz tuvo que ser acelerado, ante dos amenazas concretas. Primero, porque las huelgas anunciadas por el sindicato podrían haber provocado una caída desde hasta 20% en la provisión de gas para la industria en todo el país, medida que aparecería en el peor momento posible: cuando ya hay más de 4.800 empresas con serias restricciones en el suministro energético. Pero además, lo último que esperaba el gobierno para estos días son nuevas noticias sobre manifestaciones, cortes y, eventualmente, violencia en la propia Santa Cruz. El recuerdo de los primeros cinco meses de 2007 con un interminable conflicto con los docentes y empleados públicos de la provincia, además del recuerdo de los conflictos de Las Heras de febrero de 2006 con los propios petroleros, es un escenario que oficialmente se debía evitar a cualquier costo.
Ahora la presión pasa al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, ya que el sindicato de esa provincia quiere el mismo beneficio que sus colegas santacruceños. Si bien el impacto de una huelga en esa provincia sería menor, igualmente provocaría una baja en el suministro de gas. En este caso el aumento pedido por los gremialistas chubutenses es de 30%, lo que implicaría un incremento real similar al de los santacruceños, ya que en este caso no se liquida la «bonificación por paz social».
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