La construcción (o no) del Gasoducto del Noreste depende de que antes de que termine agosto se resuelvan tres factores clave: el plebiscito en Bolivia que definirá si ese país exporta gas, la tarifa a la que se venderá el gas que transporte el nuevo «caño», y la exención impositiva que el gobierno extenderá a la obra, y que -dado que su monto final ronda los u$s 1.000 millones representaría un ahorro para los operadores cercano a los u$s 210 millones. Así lo revelaron ayer Carlos Ormaechea, CEO de Tecpetrol, y Ricardo Markous, director general de Tecgas, ambas subsidiarias de la Organización Techint que encabeza Paolo Rocca. Los ejecutivos definieron el proyecto como «la segunda fase del plan del gobierno para enfrentar la crisis energética; la primera será la ampliación de la actual capacidad de transporte de TGN y TGS, que deberá estar lista para 2005». El proyecto cuenta con el respaldo del Estado: además de un aporte comprometido de u$s 150 millones para compensar la mayor extensión del ducto respecto de su traza original y hacerlo pasar por las provincias del NEA, más la posibilidad de compensar con el Impuesto a las Ganancias lo que se debería pagar por IVA, el gasoducto se hará de acuerdo con la ley de hidrocarburos -que permite a un privado encarar este tipo de proyecto, sin necesidad de obtener una licencia otorgada por el Estado a través de una licitación-y no por la ley de gas, que rige a TGS y TGN, por caso.
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En relación con la situación en Bolivia, el petrolero dijo que el próximo 18 de julio se celebrará un plebiscito, cuya quinta pregunta consulta a la población si acepta que el país exporte gas. Según sondeos en ese país, entre 70% y 80% votaría por la afirmativa. De no aprobarse, dijo el empresario «el proyecto no se hará, porque prácticamente todo el gas que traerá el gasoducto vendrá de Bolivia». La cuenca boliviana, cabe recordarlo, representa casi el doble de todas las reservas probadas y probables de la Argentina.
Ormaechea negó también que el proyecto tuviera una tasa de retorno garantizada (una de las dudas que plantearon algunos diputados). «El costo financiero para una obra como ésta ronda 10%; la rentabilidad debe andar al menos en 12%/13% anual. Y en función de esa cifra deberá fijarse el valor del gas que traerá el gasoducto», dijo. «Pero no está garantizada: si hacemos las cosas mal o no se dan las cosas como están previstas, perderemos».
El costo total del gasoducto troncal rondará los u$s 1.070 millones, de los que el Estado aportará u$ 150 millones. Ormaechea admitió que están buscando socios que aporten alrededor de 50% del capital, «que seguramente estarán entre las cuatro petroleras que tienen reservas en Bolivia: Repsol YPF, Petrobras, British Gas y Total». Y agregó que «YPFB (la petrolera estatal boliviana) podría tener un rol en la empresa». En cuanto al aporte oficial argentino, Ormaechea no descartó que se haga «a través de ENARSA, pero ése es un resorte del gobierno».«La otra se hará en 12 meses a partir de su inicio, trabajarán 3.000 personas y debería comenzar a funcionar en 2006», dijo Markous. S.D.
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