Los cambios de metodología se están volviendo una costumbre para el gobierno de Néstor Kirchner. La semana pasada, sin darlo a conocer públicamente, se modificó la manera de incluir en el Presupuesto nacional la computación de las transferencias automáticas a las provincias que conforman el gasto público, eliminando de las cuentas fiscales tanto los ingresos como los gastos.
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Según surge del último informe de MVAS Macroeconomía, en el cual se estima que la variación será de alrededor de $ 8.000 millones, excluyendo los fondos de la coparticipación ya que, al ser recursos de las provincias, no se computan en el Presupuesto nacional. Esta cifra se encontraba hasta ahora incluida dentro del circuito de aprobación y ejecución presupuestario de la Nación, por lo que ahora quedará excluida de ese ámbito, relativizando así el aumento del gasto público.
Sin bien en el agregado no implica cambios (por lo que no se modifica el resultado fiscal final) la nueva manera de contabilizarlo no permite su comparación con períodos anteriores y, por lo tanto, dificulta la lectura de la tendencia del gasto público.
Dos leyes
Estas modificaciones se apoyan en dos artículos de dos leyes. Uno, corresponde a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que sostiene que serán excluidos del Presupuesto los recursos de origen nacional pertenecientes a las provincias que son distribuidos de forma automática. El otro, a la Ley de Presupuesto que autoriza al jefe de Gabinete a adecuarlo de acuerdo con el decreto de la LRF.
El cambio implica que, desde ahora, tanto los ingresos como los gastos que forman parte de las transferencias automáticas a las provincias, se contabilizarán como propiedad de éstas cuando en realidad se tratan de fondos de la Nación que mediante diversas leyes se decide transferir.
Desde distintos sectores ya se reclama que el Ministerio de Economía publique series de gastos que permitan una comparación homogénea para no alterar la transparencia de las cuentas públicas.
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