Gobierno griego acordó el plan de ajuste que enviará al Parlamento

El ministro de Finanzas, Evangelios Venizelos.

El gabinete griego aprobó el proyecto de ley sobre el plan de austeridad por cinco años, una condición para recibir más fondos de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, indicó un funcionario del Gobierno griego.

"El gabinete aprobó el borrador sobre la ley de implementación", dijo a la prensa un funcionario gubernamental tras una reunión ministerial.

La ley de implementación del plan de austeridad griego será enviada al Parlamento el viernes y debe ser votada para fines de mes, para cumplir con el plazo para el desembolso del próximo tramo de fondos de la UE y el FMI, declaró otro funcionario.

Si es aprobado en el Congreso en nuevo programa de ahorro, la salida de Atenas de la crisis impondrá a la mayoría de griegos un alto costo, incluido un nuevo impuesto de "solidaridad".

Entre las medidas, que se darán a conocer este fin de semana o el lunes, se destaca un aumento del 10% del impuesto de circulación, así como una tasa adicional que deberán pagar los autónomos, además de los impuestos que pagan hasta ahora, y que oscilará entre los 100 y 300 euros al año.

También se incrementará un 5% el impuesto por el combustible de calefacción y se recortará en un 10% las rentas que superen los 1.700 euros.

Asimismo, los suplementos en las nóminas de los empleados públicos serán eliminados por completo. Atenas tiene que conseguir ahorrar casi 6.500 millones de euros antes de que concluya el año para que el déficit baje del 10,5% del PBI al 7,5%.

El nuevo programa de ahorro tiene que ser aprobado la próxima semana en el Parlamento. La aprobación de las rigurosas medidas es un requisito para seguir recibiendo ayudas de la Unión Europea.

Grecia precisa del próximo tramo de las ayudas, de 12.000 millones de euros, procedentes del plan de rescate aprobado en 2010 para principios de julio pues, de lo contrario, no podrá hacer frente a los pagos a mediados del mes próximo.

El gobierno prevé, además, reducir drásticamente la cifra de empleados públicos, según informa la prensa local.

Numerosas instituciones estatales cerrarán sus puertas. Se habla de entre 70 y 75, entre ellas algunas tan particulares como la de la "potenciación del desarrollo".

Estos empleados, en caso de que puedan ser derivados a otras empresas estatales, serán reubicados, de lo contrario -tras pasar el "periodo de reserva", que dura 12 meses- serán despedidos. Durante ese "periodo de reserva" cobrarán el 60 por ciento de su salario y se aclaró que esa medida no afecta a los funcionarios.

Atenas ya impuso una cuota de contratación pública: por cada diez funcionarios que se jubilen, sólo se contratará a uno nuevo.

Según los medios, durante los próximos cinco años se podría llegar a imponer una prohibición total de las contrataciones públicas.

El objetivo del gobierno es reducir la cifra de empleados públicos durante los próximos años en 150.000 en relación a las cifras de 2009.

En la actualidad hay unos 700.000 empleados directos y unos 300.000 indirectos a través de las denominadas empresas estatales, como la compañía de electricidad (DEI).