Promete techo a la suba y habilita, en consecuencia, el mercado a término de los granos. Muestra de buena voluntad contra el violento mensaje de Puerto Madero.
El gobierno estudiaba anoche ofrecer hoy a las cuatro entidades del campo cuyas cúpulas se reunirán con el jefe de Gabinete, un acuerdo para la crisis que se desató el 11 de marzo, aplicando una retención fija a la exportación de los granos. Con esa oferta, cuyos borradores conocen los dirigentes desde el fin de semana, se intenta eliminar el punto principal de desacuerdo que es el rechazo de los ruralistas de las llamadas retenciones móviles que según la fórmula elaborada por la Secretaría de Agricultura, llevarían la imposición hasta 90% del precio FOB de los granos exportables. La oferta será fijar la retención en un valor tope aproximado de 45% o 50% del valor FOB de los productos. Según la fórmula de cálculo de las retenciones a los granos frente al valor de comercialización, la retención sería -al día viernes pasado- de 40,68%. Si se la calculase al 11 de marzo, cuando se tomó la polémica medida será de 45,68%.
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El argumento que usará el gobierno es que con ese acuerdo se reparará el principal reproche del sector que es que una retención móvil eliminaba la posibilidad de negocios de futuros, que se hacen arbitrando entre los precios actuales y los de la comercialización a largo plazo.
En lo político será la forma de disipar la queja de las entidades de que enganchar la retención a precios móviles implica convertir al Estado en un socio oneroso de los productores que pierden el incentivo de producir más y con mejores costos para mejorar la competencia. Pesó mucho en la decisión la amenaza de algunos dirigentes de que con retenciones móviles habría productores que no plantarían granos como el trigo en la próxima temporada porque una retención móvil que castigue los precios más altos los obligaría a terminar trabajando para el Estado.
Intención
Este acuerdo, que se espera comunicar en las próximas horas, lo intentará anotar el gobierno en el plan de relanzamiento del 25 de Mayo próximo en torno a las metas del bicentenario de 2010. Ese programa, con más de prensa que ciencia, enumerará obras e indicadores en los cuales el gobierno buscará comprometer a sindicatos, gobernadores, intendentes, empresarios, banqueros y también a algún partido político. De la discusión interna que ha tenido el gobierno en esta gravísima crisis, ha tomado conocimiento que en 2008 el país está viviendo las consecuencias de una política de expansión de hace dos años (período en que se verifican los efectos, según la experiencia de algunos analistas) sin hacer los cambios necesarios para enfrentarlas. Lo que se haga a partir de ahora, se resignan, recién tendrá plenos resultados entre 18 y 24 meses y es para ese momento para el que se elabora ese gaseoso plan Bicentenario. Para algunos es el plan quinquenal de Perón, para otros apenas un listado de obras para que se anoten funcionarios, proveedores y financistas.
La idea del acuerdo la discutió durante el fin de semana Alberto Fernández con funcionarios del ministerio de Economía -entre ellos Carlos Fernández- y también con el matrimonio Kirchner. En esas consultas se planteó el principal problema de esta crisis: quién para el costo político del acuerdo. Como en todas sus peleas, el kirchnerismo aparece cautivo de sus discursos y no quiere aparecer cediendo. Los dirigentes de las cuatro entidades grandes no tienen esos pruritos porque no son dirigentes políticos. Hicieron cola el viernes en el salón Blanco para saludar al nuevo ministro de Economía, en cuya jura ocuparon lugar destacado y en primera fila. De todos modos, esos dirigentes tienen que trasladar a sus representados alguna fórmula lo suficientemente persuasiva como para que levanten la amenaza de ir de nuevo al paro el viernes 2 de mayo.
Para los productores medianos y chicos, entre quienes se discuten liderazgos locales, como el que ejerce el ascendente Alfredo de Angeli, el gobierno tiene previsto profundizar los mecanismos de subsidio de fletes y combustibles y, en alguna franja, hasta devolver las retenciones cobradas. Este punto es difícil de digerir por los productores, pero el gobierno tiene contra ellos una amenaza seria: casi la mitad no están registrados en la AFIP y si se inscriben podrían acceder a los beneficios.
Para estos ruralistas chicos el gobierno piensa ofrecerles habilitar registros administrativos como productores para pagarse con esos listados los subsidios. En una segunda etapa esos listados serían cruzados con la AFIP y se les ofrecerá una moratoria para ingresar al sistema.
La coreografía de las charlas que arrancan hoy entre los dirigentes y Alberto Fernández será clave para enjuagar las responsabilidades. El que cobrará seguro es Martín Lousteau, a quien el gobierno responsabilizará -como no puede ya defender- de todas las macanas hechas desde el sector oficial. En sus charlas de Puerto Madero con funcionarios y hasta algún gobernador que pasó por su departamento, el jefe de gabinete ha ensayado el sketch más convincente para echarle las culpas al «bombón keynesiano». Abre los brazos y se lamenta que cuando el ex ministro le trajo la minuta con las retenciones móviles hizo una reunión con todos los funcionarios y les preguntó si la medida estaba consultada. También los interrogó si habían previsto los efectos y reacciones que podían tener en el sector y en el público. Todos, se lamenta hoy este Fernández, le aseguraron que no habría ningún problema y que se podían tomar las medidas sin riesgo alguno.
En el (mal) trato a Lousteau no habrá mucha misericordia: el ex ministro dio el portazo sin avisar y trató de darle a la salida un tono de mayor grandeza que el que tuvo en su desteñido desempeño. Sólo un Gustavo Béliz había hecho algo así en un gobierno que aprecia más la verticalidad y en donde no son frecuentes estos gestos. La represalia será cargarle a Lousteau con toda la responsabilidad de la medida que desató la crisis a lo que el ex funcionario responderá con el argumento de que a él le pidieron más fondos y él los buscó en donde estaban.
La decisión del gobierno de bajarse de las retenciones móviles surge de la amenaza de que se reflote el conflicto y va de la mano de la otra pinza, la creciente agresividad discursiva de los Kirchner, un ingrediente que según la experiencia de este gobierno sólo vaticina la proximidad de un acuerdo. Pero lo que más gravitó fue la lectura del comportamiento de los mercados y los observadores externos hasta el viernes pasado, que describieron un panorama asolador que rozó hasta la hipótesis de crisis institucional.
En esas charlas privadas, los funcionarios del gobierno admiten que la rispidez de los discursos del gobierno, que aparece aislado y peleando contra todos evoca otras crisis anteriores, aunque en contexto de deterioro económico más grave. Que en las próximas horas el gobierno aparezca negociando una solución superadora del conflicto ayudará, entienden, a disipar esa mirada tremendista que llega del exterior y que redobla las consecuencias del conflicto, que deben atribuirse no sólo a los dirigentes que se quejan de las medidas sino también al gobierno que las enfrentó con ineficiencia. Además de la caída del crédito y de los bonos, el gobierno tiene que reparar daños como éste: durante el paro hubo más de 30 mil camiones que no llegaron en tiempo a destino, lo cual aisló al país de clientes en el mundo y que lo pensarán dos veces cuando renueven los contratos de compra. Hay sectores como el aceite que dejaron sin provisión a más de quince plantas de distintos países que tuvieron demorada su producción. Las dudas de países como el Brasil respecto de las importaciones de maíz argentino o la pérdida del mercado de exportación de carne cocinada (la termoprocesada) pesan en ese pasivo que intentará remontar el gobierno y que le costará algo más que sentar a los ruralistas en una mesa.
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