Gobierno no logra dinero para construir gasoductos

Celso Amorim

Según un análisis jurídico que el gobierno continúa profundizando, no sería conveniente constituir fondos fiduciarios para obras de infraestructura cuando aquéllos quedan administrados por empresas que por ellas mismas o a través de sus accionistas están demandando al Estado nacional en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.

El proyecto es constituir esos fondos con aportes del Estado y de inversores institucionales como los bancos o las AFJP, y de particulares a través de la colocación en la Bolsa. Sin embargo, según una visión preliminar, los fondos fiduciarios podrían quedar bloqueados por la Justicia, ante un eventual fallo desfavorable del CIADI.

Esta preocupación estaría frenando la constitución de los fideicomisos para las ampliaciones de los gasoductos troncales, porque tanto Enron (accionista de Transportadora de Gas del Sur), como Total y CMS (accionistas de Transportadora de Gas del Norte) iniciaron juicio contra el Estado por la pesificación de las tarifas.

La no constitución del fondo fiduciario retrasó el inicio de la ampliación en el gasoducto del Sur, también llamado San Martín, que debió haberse producido en junio. Esto a su vez motorizó la presión del gobierno para que Petrobras se hiciera cargo de la inversión que permita ampliar ese ducto.

Como las negociaciones con la empresa estaban estancadas, hace un mes el presidente Néstor Kirchner se quejó por el problema ante el canciller de Brasil, Celso Amorim. Pero la situación no avanzó mucho por lo que este fin de semana el gobierno volvió a amenazar en forma pública con sacarle la concesión de TGS a Petrobras.

Transportadora de Gas del Sur está controlada por una sociedad que se reparten en partes iguales Petrobras Energía (la que compró la mayoría accionaria de la ex Pérez Companc) y la norteamericana Enron, que se declaró en bancarrota en EE.UU.

En un primer momento, Petrobras argumentó que, como Enron no iba a invertir, el desembolso para ampliar el gasoducto del Sur, al derivar en una capitalización de la inversión, produciría una participación accionaria en TGS superior a la permitida por la ley de marco regulatorio del gas.

• Pedido perentorio

Pero esta argumentación no le preocupa al gobierno, que está buscando una fórmula que permita una mayor participación de las petroleras en los gasoductos troncales, para asegurarse el abastecimiento el invierno próximo y los que siguen.

Por eso, el pedido más perentorio es el hecho a Petrobras, porque ya es accionista de TGS, pero la presión también se extiende a Repsol YPF y a otras productoras de gas. Al igual que cualquier empresa privada, la compañía brasileña estaría pidiendo que se renegocie el contrato y se le garantice un nivel de tarifas que le permita recuperar la inversión en un tiempo razonable, considerando que además TGS todavía no reestructuró la deuda con los acreedores.

Pero el gobierno no se mueve de su propuesta de una única suba en febrero próximo hasta 2007 y sigue insistiendo en que las empresas «no pueden pedir tarifa para invertir».

TGS ya compró los caños y el equipo compresor que se necesita para ampliar el San Martín. Habría invertido unos 110 millones de dólares, de los cuales 70 millones corresponden a un crédito otorgado por el BANDEX, ya que las cañerías son de origen brasileño. Pero ahora restan invertir unos 150 millones de dólares para la obra, y ésta es la cifra sobre la que se discute.

Voceros de Petrobras en Buenos Aires dijeron ayer que «las conversaciones con el gobierno argentino continúan, pero la decisión merece ser estudiada con mucha precaución, porque involucra a muchos actores».