El gobierno obligará a que los bancos se recapitalicen en seis meses como máximo. La medida busca dar más solidez a las entidades del sistema, aunque se esperaba en la plaza financiera tener un plazo superior a los 2 años. Paralelamente ya comienza a funcionar una comisión que depende del Ejecutivo que le recorta poder al Central con el fin de regular bancos. No ayuda a la independencia de la entidad rectora. Por lo menos, se cumplió uno de los puntos del miniacuerdo y se envió al Congreso el viernes un proyecto para dar protección legal a directivos del Banco Central.
Esta semana entra en vigencia el decreto que oficializa a la comisión encargada de reestructurar el sistema financiero, nombre que oculta un subsidio a uno de los bancos oficiales públicos. La comisión es mixta: estará integrada por tres miembros del Ministerio de Economía y otros tres del Banco Central. La comisión satisface a Roberto Lavagna, pero preocupa al titular del Banco Central, Alfonso Prat-Gay que ve avanzar a Economía sobre su independencia. Uno de los temas más polémicos de las reformas que se estudian es que reducen el plazo de 2 años a 6 meses, para que los bancos se recapitalicen. A uno de los bancos extranjeros la medida le significaría un aporte adicional de u$s 140 millones. La suba de los capitales mínimos abarcará a bancos nacionales y extranjeros.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Originalmente, iba a analizar la situación de los distintos bancos del sistema. Después limitaron su alcance a los bancos con problemas para pagar los redescuentos del Banco Central. Esta nueva función implica admitir el fracaso del mecanismo de «matching» para la banca pública.
El «matching» consiste en permitirles a los bancos durante 70 meses pagar los redescuentos que le deben al Banco Central con los vencimientos de cupones de intereses y capital de los títulos de la deuda pública. Los redescuentos suman $ 17.170 millones. Pero hay bancos provinciales que no tienen tantos títulos de deuda a ese plazo. Lo que le sobran son bonos provinciales a más largo plazo con vencimientos más allá de ese límite de 70 meses. El Banco Provincia, uno de los beneficiados, señaló en su descargo, que ellos en su momento propusieron canjear los títulos provinciales por otros nacionales, pero Domingo Cavallo, entonces ministro de De la Rúa, jamás concretó la operación.
El temor del Fondo Monetario es que esta comisión tenga como tarea exclusiva subsidiar a la banca oficial.
Se preocupó más cuando hace una semana comenzó a circular un proyecto para que el Banco Central pueda comprarle carteras de créditos a los bancos privados. Esto implicaba limpiar a las entidades de sus deudores morosos. Ahora la idea es que la banca oficial pueda comprar esas carteras comprometidas con la arbitrariedad que esta facultad implica. Estos proyectos hacen ver al FMI que es cada vez más lejana la idea de privatizar parcialmente la banca oficial.
• Supercontrol
El FMI también desconfía de la intención del gobierno argentino de crear un súperente para agrupar las superintendencias de control, bancos y AFJP. Por ahora, según el Ministerio de Economía sólo habrá un organismo que «coordinará» los distintos entes.
El súperente funciona bien en el Reino Unido y ahora se aplicará en Alemania. Pero ambos países no hacen del dirigismo su política central ni avanzan sobre la autonomía del Banco de Inglaterra o del Bundesbank.
Un súperente manejado por un gobierno que cuestiona la jubilación privada, que se enfrenta a bancos que compraron entidades provinciales, recela de las compañías de seguros, de las empresas privatizadas y de las grandes corporaciones, puede transformarse en un arma política.
El Banco Central es el más preocupado por estas medidas que inauguran la nueva etapa de Roberto Lavagna.
Una muestra del avance de Lavagna sobre Prat-Gay y sus directores es el proyecto que llegó al Congreso donde Lavagna no acepta la protección legal absoluta del directorio del Banco Central tal como la pidió el FMI. El proyecto que el gobierno envió, no contempla la inmunidad judicial de los funcionarios del Central. Sólo acepta una figura menos dura contra ellos al no considerarlos judicialmente funcionarios públicos.
Dejá tu comentario