El fallo de la Corte que habilita a los trabajadores a hacer juicio a las empresas por accidentes laborales ya comenzó a tener efectos negativos: las pequeñas y medianas empresas suspendieron las decisiones de tomar nuevos empleados, al tiempo que pusieron en stand-by sus planes de inversión. El gobierno, que, en su visión demagógica, pensó en un primer momento aprovechar la «popularidad» que, creía, le podría dar el fallo, se encuentra ahora con que tiene perjuicios ciertos. En un país donde el desempleo es un drama, ahora no puede exigirles a las empresas que generen trabajo, porque no les otorga el marco legal para hacerlo. Con los últimos fallos de la Corte, para las pymes cada empleado pasa a ser un potencial riesgo de quiebra. Ahora, el gobierno piensa enmendar el fallo de la Corte Suprema con un proyecto de ley, que evalúa el Ministerio de Trabajo, para modificar los topes indemnizatorios de la Ley de Riesgos del Trabajo. Si bien la corrección impactará en los costos laborales de las empresas, debido a que las aseguradoras elevarían el precio de las pólizas de accidentes de trabajo, sería el camino menos traumático para superar este atasco que le puso la Corte. Con la nueva ley, habrá más costos empresarios, pero al menos serían previsibles.
La convulsión generada en el ambiente empresarial, fundamentalmente pymes, se reflejó en la avalancha de comunicados. Pero lo preocupante es el gran desaliento que se percibe en los empresarios, sobre todo de sectores mano de obra intensivo. Al mismo tiempo llama la atención el silencio del subsecretario PyME,
