Gobierno y UCR hoy retomarán la pelea en Economía por remates

El gobierno y diputados de la UCR volverán a encontrarse hoy en Economía para encontrar una salida a las ejecuciones extrabancarias que satisfaga a ambas partes. A primera vista, la negociación no parece condenada al éxito, como diría Eduardo Duhalde. Por lo contrario, hay pronóstico de una dura batalla, con debate previo en el bloque radical.

El Ejecutivo ya tiene preparado un borrador de decreto (ver nota aparte) que envió a Horacio Pernasetti el fin de semana para que lo fuera estudiando. No obstante, el texto preliminar de mediación administrativa (adelantado en sus fundamentos por este diario) no daría satisfacción al grueso de la UCR de la Cámara baja que pretende dejar librado a los jueces -y a pedido de partes- el futuro de las ejecuciones con garantía de vivienda única y familiar. Con esa finalidad, existe casi media docena de variantes que acercaron a Roberto Lavagna y Alfredo Atanasof.

Sin desavenencias de entrecasa, de ninguna manera aceptan que el Ministerio de Trabajo o el de la Producción se ocupen de evaluar caso por caso para elevar después a Tribunales la resolución. «Trabajo ni siquiera puede cumplir con las tareas que ya tiene asignadas», pataleó el secretario general de la UCR de Diputados, el sanjuanino Mario Capello. «Cuando se armen las unidades de conciliación, las ejecuciones ya van a estar en marcha», ironizó Pernasetti. «El juez -y en esto estamos todos de acuerdo- es el que directamente debe definir si se suspende la ejecución o si se sigue adelante», agregó Capello.

Habrá que esperar definiciones a partir de que el jefe del bloque llegue al Palacio de Hacienda, en compañía de Fortunato Cambareri (vice 2° del cuerpo) y el correntino Noel Breard, quien ya trabajó en otro de los temas que obsesionan a la principal bancada opositora: el pago de deudas con BODEN y CEDROS. Optimistas, los negociadores gubernamentales esperan una distensión en las pretensiones de Pernasetti y compañía. Es que, además de la trascendencia económica de la materia (depende el visto bueno del Fondo Monetario a este capítulo), los radicales condicionaron la conversión en ley del cronograma electoral, la renuncia de Duhalde al 25 de mayo y la suspensión -por única vez- de las internas abiertas que necesita la Casa Rosada, a que se supere la controversia por las ejecuciones extrabancarias (ver nota aparte).

Estos temas forman parte del pacto que suscribieron el Ejecutivo y una veintena de gobernadores -entre ellos, los radicales-, y que los diputados de la UCR se niegan a convalidar a pies juntillas.

Saben que los senadores que mayoritariamente responden a los mandatarios provinciales están obligados a cumplir con los compromisos que crean las remesas de fondos desde Nación al interior. Por eso, justifican -aunque no comparten y hasta critican- que Carlos Maestro haya sido funcional al duhaldismo y no se haya plegado a la huelga de sus correligionarios de la Cámara baja en materia de agenda de urnas, si antes no se solucionaba la situación de las ejecuciones.

•Desafío

El conflicto de la UCR que se esconde detrás de la pelea de los Pernasetti y sus amigos con el gobierno se resume en una frase que le dijeron los más díscolos a Angel Rozas, antes de que deliberara la convención nacional partidaria, el último viernes. «Vos podés firmar lo que quieras como gobernador de Chaco, pero no podés obligarnos porque no tenés derecho a suscribir lo mismo como titular del comité nacional», lo desafiaron.

En materia de demandas radicales, a Lavagna, por supuesto, lo alarma que se dilaten los tiempos de ejecución y que esta situación aparezca, a ojos de los acreedores externos, como una virtual modificación de la Ley de Quiebras. Bajo ningún concepto, quiere quedar ante el FMI como avalando imposiciones obligatorias que conculquen los derechos de los acreedores.

Los provinciales, que participan de la tenida junto con los propios legisladores del oficialismo, adelantaron una variante original. Alberto Natale -a quien hoy reemplazará el demócrata mendocino Gabriel Llano como interlocutor del Interbloque Federal- propuso que el juez de cada causa realice audiencias antes de la subasta y que el pleito quede resuelto en un plazo máximo de 40 días.