El «método Hugo Moyano» de captación de afiliados sigue ganando adeptos: activistas del SMATA (el sindicato de mecánicos) están empleándolo para capturar los aportes de al menos siete fábricas de autopartes, cuyos trabajadores están hoy encuadrados en los gremios del plástico, textiles, caucho y -sobre todo- de la otrora poderosa UOM (metalúrgicos).
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El botín que buscan los militantes de José Rodríguez no es menor: hay 55.000 fichas de afiliación en juego, que es el total de personas que emplean las autopartistas.
Por eso, usando el método que popularizó el líder de los camioneros y su hijo Pablo, desde el lunes a la mañana militantes del SMATA mantienen cerrado el acceso y la salida de la planta que tiene Bertrand Faure en Córdoba. Se trata de una fábrica de asientos, que provee a Renault, Volkswagen, DaimlerChrysler y Peugeot. A las puertas de la planta, en la que trabajan unos 500 operarios, hay por estas horas un piquete de unos 250 activistas que impiden el ingreso del personal y la salida de camiones.
Según fuentes de AFAC (la cámara que reúne a los autopartistas), el proceso se inició hace un par de meses, cuando gente del SMATA comenzó a « trabajar» el personal de Bertrand Faure, y lograron confeccionar 200 fichas de cambio de sindicato. La actitud de los trabajadores parece razonable: el convenio de SMATA (a la luz del boom de consumo y los compromisos de exportación contraídos por las terminales locales) es uno de los mejores del mercado laboral; por lo tanto, nadie podría culpar a los empleados de Bertrand Faure (ni de las otras seis autopartistas afectadas por la maniobra de SMATA) de querer ganar más aún a costa de cambiar de sindicato.
Posición empresaria
Sin embargo, también los empresarios tuvieron razón cuando le comunicaron a SMATA que no aceptaban la mudanza: «Los temas de encuadramiento sindical deben ser dirimidos por el Ministerio de Trabajo de la Nación», les comunicaron a los mecánicos. Esto fue lo que provocó el cortea las puertas de la planta cordobesa de Bertrand Faure: los sindicalistas, al grito de «nos quieren puentear, no aceptan la democracia de los trabajadores», pasaron a la acción directa. De todos modos, está claro que las autopartistas harán todo lo posible para evitar la «invasión» mecánica, que poco menos que garantiza un aumento en sus costos laborales.
El botín mayor que busca la gente de Rodríguez es obviamente quedarse con los metalúrgicos, gremio con el que SMATA mantiene una pelea de décadas: 80% de los trabajadores que emplean las fabricantes de autopartes está encuadrado en la UOM. Los tiempos claramente han cambiado: en épocas en las que mandaban Augusto Vandor o Lorenzo Miguel a nadie en su sano juicio se le habría ocurrido «piquetear» una fábrica para robarles afiliados, a riesgo de perder algo más que un aporte mensual.
En tanto, un juez federal de Córdoba decidió ayer a última hora ordenar la liberación del ingreso de la fábrica semitomada, pero al cierre de esta edición esa orden no había sido llevada a cabo por las fuerzas del orden.
La situación estaría a punto de repetirse en otras seis empresas del sector, que emplean en total a unas 3.000 personas, y cuya identidad «nos reservamos porque si la divulgamos, podría complicarse su situación. Las terminales, cuando saben que un proveedor tiene problemas gremiales, empiezan a buscar alternativas, sea en el mercado interno o en la importación», dijo a este diario Juan Cantarella, director ejecutivo de AFAC. Pero esta alternativa no parece probable en la actual circunstancia: se sabe que las terminales y sus proveedores están trabajando casi al tope de su capacidad instalada, y que los convenios de importación no se firman de un día para el otro.
Productos
Sí se sabe que esas empresas fabrican partes plásticas de carrocerías y elementos metálicos de fundición. O sea: los posibles afectados serán la UOM y el gremio de los plásticos, sector al que pertenece Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina (UOM).
Justamente la central fabril emitió ayer un comunicado en el que -palabras más o menosrepudia «el accionar de ciertos grupos sindicales que, dejando de lado las instancias legales para resolver las disputas de encuadramiento gremial, intentan imponerlas por la fuerza, valiéndose de una metodología ilegal e ilegítima». Después viene el habitual párrafo genuflexo respecto de los innúmeros éxitos del gobierno en materia económica, que por pudor no se reproducen aquí.
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