Hasta del exterior rechazan impuestazo a publicaciones

La aplicación del IVA a las publicaciones periodísticas, anunciada el viernes por el ministro Domingo Cavallo, motivó el rechazo de todos los sectores vinculados con la actividad, no sólo en la Argentina sino internacionalmente.

Las entidades que agrupan a editores de diarios y revistas calificaron la medida de «riesgo para que todos los argentinos accedan libremente a la información», de duda sobre si el gobierno argentino «quiere promover o no el desarrollo cultural y civil de sus gobernados», de «impuesto que lleva a la extinción del pluralismo» y de «seria amenaza a la libertad de prensa».

En una carta dirigida al presidente Fernando de la Rúa, la Federación Internacional de Prensa (FIPP) -que representa a editores de diarios y revistas en 38 países alrededor del planeta-sostiene que «siempre nos hemos opuesto a la intención de los gobiernos de aplicar impuestos» a esas publicaciones. «Lo hacemos para proteger la libertad de prensa, que es piedra fundamental de la democracia.» En vista de lo cual la FIPP solicita al Ministerio de Economía «que reconsidere su propuesta de aplicar un impuesto a los diarios y las revistas» porque «es una seria amenaza a esa libertad de prensa, dado que imponer un tributo es una forma de controlarla y de evitarla legítima crítica a los actos de gobierno». La FIPP agrega que «en los países en que la libertad de prensa no ha sido una constante es particularmente importante resguardarla de la amenaza del control gubernamental».

Al mismo tiempo, un centenar de participantes del 33° congreso de esa entidad solicitaron al Ejecutivo que «en forma inmediata deje sin efecto la implementación de dicha medida, que (el presidente De la Rúa) se exprese a favor de la importancia de la libertad de prensa y de la conveniencia de promover el acceso a medios escritos de todas las clases sociales». Entre los firmantes hay editores de México, Bélgica, Italia, Brasil, España y Sudáfrica, entre muchos otros países.

Por su parte, ADEPA --Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas-advirtió al gobierno que, de convalidarse la intención de aplicar el IVA al precio de tapa de las publicaciones-«podrá pasar a la historia con la responsabilidad de haber iniciado el proceso de extinción del pluralismo informativo en la Argentina».

Herramientas

Luego de descalificar aquella comparación entre De la Rúa y Domingo Faustino Sarmiento ensayada en un momento de euforia por el propio Cavallo, ADEPA afirma que «las publicaciones periodísticas, como el libro, integran el conjunto de herramientas básicas para la cultura popular. Las grandes editoras de libros de la Argentina han perdido su nacionalidad, y los diarios, revistas y periódicos sufren en sus economías un largo proceso de deterioro como no se ha conocido en el pasado».

Al sumarse el nuevo gravamen al que ya rige sobre la publicidad («la magra publicidad del presente contexto»), dice ADEPA en su comunicado que «se ataca a la libertad de prensa cuando se afectan las dos fuentes de ingresos que permiten la existencia de una prensa independiente, libre de las dádivas de las dictaduras». Y termina recordándole al Presidente su promesa previa a las elecciones de 1999, en el sentido de que no aplicaría ningún gravamen nuevo a la prensa.

A su turno, las diversas agrupaciones de vendedores y distribuidores de diarios --encabezadas por el Sindicato de Vendedores de Diarios, la Federación Argentina de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines y otras-afirmaron que «la exención del IVA a diarios y revistas, lejos de ser un privilegio, preserva el derecho de los ciudadanos a la información, principio básico de todo sistema democrático».

Luego de manifestar su apoyo al plan de competitividad esbozado por Cavallo, le dicen a De la Rúa que «el otorgamiento de poderes extraordinarios por el Congreso no lo facultó para atentar contra la libertad de prensa ni contra el derecho a trabajar».

Asimismo, en una carta dirigida a De la Rúa suscripta por Alberto Fontevecchia, titular de la AAER (Asociación Argentina de Editores de Revistas) y Carlos Taboada, de la SDDRA (Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines), se insiste en que la imposición «no se trata de un tema económico o de mera política fiscal, sino un tema de estricta libertad de prensa». Agrega que «en las democracias modernas se espera que los ciudadanos vean facilitado su acceso a la información; impuestos como éste, con una alícuota tan alta y su carácter discriminatorio, lo dificultan»; a la vez, advierten que redundará «a corto plazo en la desaparición de pequeñas y medianas empresas editoriales, que representan la voz de pequeños sectores de la opinión pública».