En la Capital Federal hay al menos 500 edificios de más de un millón de dólares cada uno ocupados ilegalmente. Uno de éstos, que se encuentra próximo a ser desalojado, está ubicado en Corrientes y Acuña de Figueroa. Funcionaba como un hotel y si sus dueños lo alquilaran hoy calculan que obtendrían cerca de u$s 10.000 por mes. Actualmente se registran más de 12.000 construcciones porteñas tomadas y por la importante revalorización inmobiliaria de los últimos años, la mayoría de aquellos cuyos dueños son particulares iniciaron juicios de desalojo.
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Las ocupaciones ilegales en la Ciudad de Buenos Aires preocupan tanto a funcionarios como a los hombres del sector inmobiliario. El hecho de que sean tantas las propiedades que se encuentran en esta situación complica al mercado de diferentes formas. Por un lado, baja el valor de las propiedades de las zonas donde más construcciones ocupadas existen, principalmente el sur porteño (Constitución, San Cristóbal, Balvanera) aunque también otras zonas como Floresta y Almagro tienen alto grado de ocupación.
Además, ante el temor de una usurpación o intrusión (la diferencia está dada en que unos entran a la propiedad por la fuerza y otros por ejemplo pagan un mes de alquiler y permanecen años sin completar el contrato), los propietarios exigen mayores requisitos para alquilar los inmuebles. Y ante un posible juicio de desalojo que demanda casi un año en resolverse, se aumentan el valor de los contratos de alquiler para cubrirse ante eventuales pérdidas.
Solución lenta
Para Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios, es un grave problema que lentamente se va resolviendo. «En Capital, un juicio por desalojo tarda hoy entre seis y ocho meses en concluir, pero en la provincia de Buenos Aires es aún peor ya que tarda aproximadamente dos años», explicó a este diario. Y agregó que «hoy los propietariosno esperan para hacer las denuncias porque el dinero que se pierde es incalculable. Hace cinco años el barrio donde más casas ocupadas ilegalmente había era San Telmo. Allí se encontraban casas antiguas que tenían un valor de mercado cercano a 700 dólares por metro cuadrado. Pero hoy, con el auge del turismo y una revalorización de la zona, esa misma propiedad reciclada se puede vender a más de 1.400 dólares por metro cuadrado».
Pero no es solamente la ganancia que los propietarios dejan de obtener por no alquilar los inmuebles el problema. Es que a pesar de que los desalojos se realicen rápidamente, antes de irse los intrusos o usurpadores destrozan la propiedad.
«Hemos visto casos en que vendieron todo lo que se podía, incluso aquello que estaba por dentro de las paredes: caños de bronce, artículos de plomo, ventanas, puertas, pisos, cables», comentó Abatti.
Para el especialista en derecho inmobiliario, Ival Rocca, como para Abatti, la situación actual se da porque no se construye vivienda social y el crédito a inquilinos anunciado por el gobierno nunca despegó.
Además, explica Abatti, «los inmuebles ocupados son manejados por grupos mafiosos asesorados por abogados, que alquilan las habitaciones de las casas que ocupan a inmigrantes ilegales que ante la imposibilidad de tener garantes pagan 300 pesos una habitación en la que viven hacinados».
En la Cámara de Propietarios calculan que éste es un negocio que mueve más de 10 millones de pesos mensuales.
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